Proyecto Abraham recogió en 2017 unas 2.500 toneladas de ropa, calzado y juguetes, según han expuesto ante la Comisión de Pobreza y Exclusión Social, su vicepresidente, Juan Antonio Conesa, y la educadora social Sonia Martínez.

Ambos han expuesto, además, las dificultades que están teniendo para acceder a la financiación para desarrollar sus proyectos, ya que ahora cualquier entidad social puede acceder por concurso a optar a la asignación que antes percibían por parte de la Comunidad.

"La asociación pone gran parte de la financiación, pero los fondos regionales suponen una gran ayuda porque realizamos proyectos de continuación", ha manifestado Martínez.

En ese sentido, han detallado que en 2017 realizaron 27 cursos y talleres con 1.433 horas de formación. Proyecto Abraham mantiene también una vivienda de acogida donde dan hogar a diez personas, así como un programa de lucha contra la pobreza y exclusión social mediante el cual dispensan ropa, calzado y juguetes.

Durante su comparecencia han explicado que con ese proyecto abastecen tanto a personas individuales como a centros de noche y de acogida. Actualmente destacan "más" las familias españolas que hacen uso del proyecto Ropero. En 2017 atendieron a 1121 personas, una cifra muy similar a la de 2016.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Consuelo Cano ha alabado la labor social de Proyecto Abraham, destacando el "alza" de las familias necesitadas. La parlamentaria ha echado en falta los recursos residenciales para los menores no acompañados porque "una vez cumplen los 18 años son abandonados en la calle. Todavía son niños y no hay recursos de vivienda para ellos".

Por parte de los 'populares', Adoración Molina, ha afirmado que han tomado nota para potenciar una alternativa que sea productiva para las personas que en situaciones difíciles tienen carencias laborales. "Es fundamental la firma de convenios con los ayuntamientos".

Desde Ciudadanos, Juan José Molina, ha advertido que hay otras organizaciones que ponen contenedores en la calle y lo usan como negocio, por lo que han pedido conciertos con los ayuntamientos para que se hagan auditorías sociales y ambientales.