Tres mil euros. Esa es, finalmente, la sanción que les ha impuesto la Delegación del Gobierno a los convocantes de la manifestación y protesta del pasado 5 de abril, en la que los tractores de los agricultores mantuvieron bloqueado para el tráfico el centro de Murcia durante 29 horas.
Los productores llegados desde el Campo de Cartagena protestaban por la falta de agua para regar, debido al cierre de los pozos y sus desalobradoras para evitar vertidos al Mar Menor. En la manifestación que recorrió las calles de la ciudad también participaron miembros de la Plataforma por el Mar Menor, debido a que se reclamaban, igualmente, medidas para la recuperación de la laguna.
Los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno iniciaron el expediente sancionador a raíz de recibir la denuncia de la Policía Local de Murcia, y han sido las organizaciones sindicales agrarias Upa, Asaja y Coag, la federación de cooperativas Fecoam, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y los productores de Proexport los multados.
En el informe de la Policía, se explica que los convocantes incumplieron los términos de la manifestación autorizada, ya que «los tractores y camiones ocuparon más de un carril de circulación, no respetando tampoco las señales de tráfico que les afectaban en su recorrido».
Además, indica que «ocuparon y bloquearon» el tráfico en Ronda de Levante, Plaza Circular, Gran Vía, Plaza Martínez Tornel y Avenida de Teniente Flomesta.
La manifestación tampoco finalizó su recorrido a mediodía, como constaba en la autorización, y «transitaron y ocuparon» Alfonso X El Sabio.
Por lo que respecta a la manifestación a pie, los agentes del Ayuntamiento de Murcia destacan que también realizaron un recorrido «totalmente distinto al autorizado» y no finalizaron a las 14.30 horas de ese día 5 de abril, como estaba previsto. «Las graves dificultades para el tráfico rodado también afectaron al resto de los usuarios de la vía pública, como transporte escolar, de mercancías, privado y servicios de emergencia», añade el informe.
Los servicios jurídicos de la Delegación, basándose en lo anterior, acusan a los convocantes de haber infringido el artículo 36.03 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Este artículo se refiere a desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, «cuando se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana».
La sanción final se ha fijado en 3.000 euros (1.500 si pagan en los 15 días siguientes a recibir la notificación), por una infracción calificada como «grave» y que acarrea multas de entre 601 y 30.000 euros.
712 quejas en Twitter
El informe de la Policía Local tiene 35 páginas e incluye varias fotografías tomadas durante la protesta, que se inició el 5 de abril a las 10 de la mañana y concluyó pasadas las 15.30 horas del 6 de abril.
Además, recoge la matrícula de todos los vehículos participantes por las calles, incluido el que estacionó sobre las vías del tranvía en la Plaza Circular, imposibilitando el paso de éste. Y el tráiler que paró la circulación en la misma plaza al aparcar de forma transversal.
La Policía explica que, durante las horas que duró la protesta, en la sala del 062 recibieron un total de 614 llamadas, 593 solicitando información, 20 con quejas de los ciudadanos (la mayoría por las retenciones de tráfico) y una felicitando «la paciencia de los agentes». A la cuenta de Twitter de la Policía llegaron 712 mensajes, principalmente de personas quejándose por las dificultades de realizar sus desplazamientos por la ciudad.
