La comisión de investigación de la desaladora de Escombreras ha quedado, utilizando lenguaje judicial, vista para sentencia. Los cuatro grupos parlamentarios presentaron ayer sus conclusiones tras meses de investigacines y comparecencias. Dentro de quince días se reunirán los portavoces de los cuatro partidos para intentar consensuar una resolución final que, en caso de no lograrse, deberá ser aprobada por mayoría incorporando el voto particular de la formación que disienta del resto. Posteriormente, este documento se remitirá al Pleno de la Asamblea para que sea aprobado definitivamente por la Cámara y se remita al Consejo de Gobierno.
El PSOE anunció ayer que enviará la investigación a la Fiscalía, por considerar que concurren «indicios de delitos», así como al Tribunal de Cuentas, por si hay «algún tipo de responsabilidad contable». Considera al expresidente Valcárcel y al exconsejero Cerdá como máximos responsables, llegando incluso a exigir la dimisión de Valcárcel como vicepresidente del Parlamento Europeo por «el pelotazo y el escándalo sin precedentes» que a juicio de Rafael González Tovar supuso la construcción de la desaladora, «un proyecto personal» del aún presidente del PP. El PSOE propone renegociar las condiciones con el grupo ACS para hacer viable el proyecto.
Podemos ya presentó sus conclusiones en julio, pidiendo también el traslado de toda la documentación a la Fiscalía del TSJ y al Tribunal de Cuentas, donde ya se investigan los hechos. Coinciden con el PSOE en señalar a Valcárcel y a Cerdá, pidiendo asimismo una renegociación con ACS, el grupo que preside Florentino Pérez.
También pide que se envíe la documentación a la Fiscalía Ciudadanos, cuyo portavoz, Miguel Sánchez, es también el presidente de la comisión de investigación.
El PP, por su parte, no ve irregularidades, y solo pide que se renegocie el contrato.
