Informe anual

El Tribunal de Cuentas contradice a la Comunidad: la desaladora costó 445 millones

Eleva los gastos originados por la planta de Escombreras casi al doble de lo que calculaba Valcárcel - El Gobierno alega que "cerrar la planta sería catastrófico para las arcas públicas"

19.04.2016 | 04:00
Cajón de captación de agua de la desaladora de Escombreras junto a las industrias del Valle.

La desaladora de Escombreras ha costado ya 90 millones a la Comunidad Autónoma, según recoge el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a la fiscalización del año 2013, a pesar de que el expresidente regional, Ramón Luis Valcárcel, aseguraba hace un par de meses en la Asamblea Regional que el Ejecutivo regional había pagado hasta ahora 49 millones a la empresa del grupo ACS Hydro Management, propietaria de la planta. El informe difundido ayer también ha confirmado que el contrato de arrendamiento con esta compañía establece un compromiso de pago de 445 millones hasta 2034, lo que impide a la Comunidad rescindir el contrato o simplemente cerrar la planta unilateralmente, dado que tendía que abonar el arrendamiento correspondiente a 30 años.

Por eso, el anterior presidente regional, Alberto Garre, recomendó al Gobierno acudir a los tribunales para liquidar el contrato mediante una resolución judicial que libere a las arcas regionales de los compromisos de pago asumidos, que cuestan unos 15 millones anuales.

Por su parte, en las alegaciones del último director del Ente Público del Agua, José Manuel Ferrer, recogidas en el informe sobre las cuentas de 2013, alerta de que «si se decidiera el cierre de la infraestructura, se produciría un efecto catastrófico para las arcas regionales, que podrían verse obligadas a abonar en un solo pago el precio íntegro restante del contrato de arrendamiento y los daños y perjuicios derivados de la resolución anticipada». Esto mismo es lo que hizo la empresa propietaria, que elevó la reclamación a 550 millones, aunque después aceptó negociar la venta en 180 millones. El precio se rebajó a unos 140, aunque la operación no ha llegado a cerrarse por falta de liquidez de la Comunidad. El coste de la planta se cifra en unos 114 millones.

En sus alegaciones, la Comunidad se defiende también del posible delito de alcance (perjuicio contable) detectado por la Intervención alegando que no ha podido cumplir la orden de disolver la sociedad pública que tiene alquilada la planta ni declarar la empresa Desaladora de Escombreras en concurso de acreedores para evitar el perjuicio «catastrófico» que se produciría.

El informe del Tribunal de Cuentas conocido ayer no aporta información sobre las diligencias que abrió la Sección de Enjuiciamiento, tras recibir los informes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, en los que se apuntaba la existencia de un posible perjuicio contable y la conveniencia de exigir responsabilidades a los causantes, aunque recoge la información aportada por el Gobierno. La investigación del órgano judicial del Tribunal de Cuentas y de su Fiscalía se ha desarrollado de forma paralela a la fiscalización del año 2013 y está en suspenso desde finales de enero, a la espera de que se hiciera oficial el informe difundido ayer.

Sin embargo, aporta nuevos datos sobre el coste real que ha supuesto la desaladora hasta ahora, que sitúa en 90 millones, a pesar de que Valcárcel aseguró el pasado mes de febrero ante la Comisión de la Asamblea Regional que la empresa del grupo presidido por Florentino Pérez ha recibido ya 49 millones.

El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, dijo ayer que el Gobierno ha preferido dejar que investiguen el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y la Asamblea Regional antes de tomar ninguna decisión sobre la desaladora. A su juicio, el Ejecutivo ha ayudado a facilitar «la transparencia».

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