«Para que podamos bajar los impuestos, tenemos que pagar todos». Así justificó ayer el consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, la puesta en marcha del Plan contra el Fraude Fiscal en la Región, que en el pasado año 2015 consiguió que afloraran 56 millones de euros de recaudación adicional, una cifra que se pretende aumentar en un 52%, hasta llegar a los 85 millones, dentro de dos años, en 2018.
Andrés Carrillo compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno de ayer para informar de que el próximo 8 de abril comienzan las oposiciones para incorporar a diez personas más a la plantilla de inspectores de los dos cuperpos de funcionarios especializados en la recaudación de tributos creados en 2014 por la consejería de Hacienda (el Cuerpo Superior de Administradores Tributarios y el Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia). El proceso selectivo consta de tres exámenes, por lo que los nuevos empleados públicos no comenzarán a trabajar hasta el próximo otoño, dijo Carrillo.
El consejero detalló que la Comunidad obtuvo en 2015 un total de 46,5 millones de euros «gracias a 11.400 actuaciones de comprobación de los elementos declarados en las autoliquidaciones», además de 6,3 millones gracias a 1.030 actas y sanciones a declarantes que no habían pagado pese a que sí constaba, y otros 3,1 millones de los procedimientos de derivación de responsabilidad frente a deudores que no hacen frente a sus deudas tributarias. Asimismo, en los últimos tres años, las actuaciones conjuntas de la Agencia Tributaria de la Región con la AEAT, basadas principalmente en el intercambio de información, han permitido que afloren 3,8 millones de euros en más de 40 diligencias de colaboración intercambiadas.
Carrillo precisó también que la mayoría del fraude se detecta en los impuestos que gestiona el Estado (IRPF, IVA y Sociedades) frente a los de la Comunidad, que son los impuestos de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones y tributos del juego. No existe un perfil concreto del defraudador murciano.
El responsable de Hacienda enumeró los perjuicios que el fraude fiscal conlleva para la actividad económica, en el sentido de que «desmotiva a los contribuyentes cumplidores, supone una competencia desleal de las empresas que no cumple frente a las que sí lo hacen y genera una merma de ingresos muy importante» para las arcas públicas.
El consejero recuerda que el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez cumplió en el primer mes de gestión la promesa electoral de reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y reitera que la intención es continuar bajando impuestos conforme la recaudación de la Administración regional vaya aumentando por el incremento de la actividad económica.
Modificaciones presupuestarias
Por otra parte, Andrés Carrillo confirmó que el Gobierno regional ha modificado los Presupuestos para evitar el efecto de las enmiendas introducidas por la oposición durante el trámite parlamentario y lograr que no afecten a las partidas finalistas de los programas operativos de la Unión Europea, por el peligro que hay de que la Región pierda estos fondos y además sea penalizada, ni a gastos fijos como la electricidad, el agua o la informática, «gastos absolutamente esenciales para levantar la persiana de nuestras oficinas de empleo, de nuestros centros de salud o nuestros centros educativos». No obstante, el consejero de Hacienda reconoció hay otras enmiendas en las que la Comunidad «todavía está trabajando» y no ha tomado una decisión.
