Tribunales

La Fiscalía acusa a la cúpula de la CAM de falsear las cuentas, pero exculpa a Crespo

Anticorrupción reclama más de 7 años de cárcel para los dos últimos directores generales y dos directores de la caja como autores de la manipulación contable y el cobro de retribuciones indebidas - Dice que no hay pruebas contra el expresidente

13.02.2016 | 04:00
Roberto López Abad
Director general

El instructor concluyó que "desempeñó un papel relevante tanto en el proceso de elaboración de las cuentas anuales de 2010 como en la fijación de las retribuciones a los directivos que los peritos han señalado que se pagaron indebidamente".

 
María Dolores Amorós
Directora general adjunta

Principal colaboradora de López Abad en la elaboración de las cuentas de 2010 y, como directora general, no sólo las presentó al consejo de administración sino que fue "la principal responsable en la elaboración de los estados financieros intermedios de 2011", considerados falseados.

 
Teófilo Sogorb
Director general de Planificación y Control

Responsable, entre otras cosas, de "elaborar la proforma de las cuentas anuales, donde se contabilizaron de manera irregular las operaciones de titulización con el único objeto de generar falsos beneficios". El instructor sostiene que "fue quien firmó los estados financieros enviados al Banco de España" y que se tomaron como base para el cálculo de las retribuciones consideradas indebidas.

 
Francisco Martínez
Director de Inversiones y Riesgos

Era el máximo responsable del área donde se realizaban las titulizaciones (la venta de créditos fallidos pero con opción de recompra) y, "por lo tanto, cononcía que esas operaciones se hacían para generar resultados de forma artificial", mantiene el fiscal.

 

La Fiscalía Anticorrupción considera que los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los directores de Planificación y Control e Inversiones y Riesgos, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez respectivamente, son los responsables de la falsedad de las cuentas de la CAM por la que se declararon beneficios cuando la entidad arrastraba pérdidas que superaban los mil millones. Unos hechos, acotados entre 2010 y el primer semestre de 2011, en los que no ha quedado probada la participación de quien fuera el último presidente de la entidad, el empresario ilicitano Modesto Crespo, para quien se solicita el sobreseimiento de las actuaciones.

Así lo recoge el escrito presentado anteayer por el fiscal Luis Rodríguez Sol en el marco de la considerada pieza principal de las abiertas por la gestión de la caja. Unas conclusiones provisionales en las que el acusador público atribuye la condición de cómplices a los otros tres procesados en esta causa: Juan Luis Sabater, director de Financiación y Gestión de Liquidez; Salvador Ochoa, director general de Información Financiera; y Vicente Soriano, director general de Recursos, este último sólo en relación al presunto cobro indebido de retribuciones por parte del comité de dirección, el otro asunto que se dirime en este proceso junto a la falsedad contable.

El acusador público atribuye a los acusados, bien como autores o como cómplices, los delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa o administración desleal. En el caso de López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez solicita penas que superan los siete años de prisión mientras que para Sabater y Ochoa reclama en torno de los 14 meses y diez para Soriano.

Sabadell y Fundación CAM
En cuanto al quebranto económico provocado por la actuación de los acusados, Rodríguez Sol lo cifra en unos 70 millones. De esta cifra, 50 millones corresponderían a los compradores de cuotas participativas durante 2010 y el primer semestre de 2011 (el periodo en el que sostiene que se maquillaron las cuentas) dado que las transacciones, que cifra en unas 46.000, no se hicieron de acuerdo al valor real de estos títulos.

Con este planteamiento el fiscal trae hasta la pieza principal a los ahorradores/inversores afectados por la compra de participativas que, a su vez, son objeto de investigación en otra pieza que se está instruyendo en el juzgado que dirige la magistrada Carmen Lamela. El acusador pretende que, de confirmar el tribunal el daño a este colectivo, se concrete en ejecución de sentencia quiénes tendrían derecho a ser indemnizados.

Los 20 millones restantes mantiene el Ministerio Público que se corresponden con lo abonado indebidamente en retribuciones, una cantidad de la que únicamente considera perjudicado al Banco Sabadell como propietario del negocio financiero de la CAM.

El fiscal cita como responsables civiles de la actuación de los exdirectivos al Banco Sabadell, a la Fundación CAM y a Caser, ésta última como directa y las dos primeras como subsidiarias. La decisión de Rodríguez Sol no sólo coloca en una situación complicada a la Fundación CAM, a la que sitúa en la posición de combinar el papel de acusación particular (como está personada este procedimiento desde el inicio) con el de responsable civil sino que, además, obliga a entrar en el proceso al Sabadell cuando el banco catalán ha intentado por todos los medios mantenerse al margen de las causas judiciales abiertas por la gestión de la CAM hasta el punto de declinar el ofrecimiento hecho de personarse en algunos de la piezas como posible perjudicado.

Una vez presentado el escrito del fiscal y el de la acusación popular (que pide una media de 16 años de cárcel para los ocho procesados) faltan los de las acusaciones particulares: la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos.

ACUSADOS POR EL FISCAL COMO CÓMPLICES

  • Juan Luis Sabater: Director de Financiación y Gestión de Liquidez de la entidad y la persona que firmó los contratos de las operaciones de titulización. Coincidieron instructor y fiscal que conocía "tanto la existencia de las opciones como el objetivo real de dichas operaciones que no era otro que servir de artificio a la alteración de la cuentas de la entidad y de la imagen real de la misma".
  • Salvador Ochoa: Director de Información Financiera. El instructor concluyó que aunque actuara bajo las órdenes de Sogorb, "por razón de su cargo tuvo un importante papel en la irregular contabillización de las operaciones de titulización, siendo también conocedor de su carácter artificial y su influencia en la alteración de la imagen fiel de la entidad", según recogía el auto por el que fue procesado.
  • Vicente Soriano: Director de Recursos en la fecha en que tuvieron lugar las actuaciones que se investigan. El juez instructor apoyó su procesamiento en el hecho de que "al ser de su competencia de su departamento las retribuciones, es responsable de las irregularidades cometidas en dicha materia".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Tu servicio WhatsApp


Noticias Levante-EMV WhatsApp

Suscríbete

Toda la actualidad local de la Región de Murcia en tu teléfono. Descubre en qué consiste y cómo suscribirte a este nuevo servicio gratuito de alertas informativas por WhatsApp

 
Enlaces recomendados: Premios Cine