La crisis ha provocado un incremento del 21% del uso de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión para vender loterías ilegales, según denunció ayer el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI). Según esta entidad, el juego ilegal ha aumentado un 21% desde 2011 en España, donde mueve unos 84 millones de euros al año, y donde cada día unos 100.000 ciudadanos compran boletos de rifas ilegales a unos 4.000 vendedores, muchas veces personas discapacitadas.
Su informe afirma que cinco provincias (Cádiz, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante y Murcia ) aglutinan el 55,4 % de los vendedores ilegales detectados en toda España. El Cocarmi denunció ayer en un comunicado «el retroceso de derechos que supone la utilización de personas con discapacidad en actividades de juego no legales», por lo que exigió a la administración que «interrumpa estas prácticas, cada vez más habituales y perjudiciales para la imagen de estas personas».
El comité aseguró que se está produciendo «un crecimiento de esta actividad fraudulenta» en todo el país.
