La reforma del Estatuto manchego salió aprobada ayer de la Comisión Constitucional del Congreso de los diputados con los 18 votos a favor de la mayoría socialista, frente a los 17 en contra del PP y de UPyD de Rosa Díez, pero será retirada por Barreda, que ya había anunciado su intención de no seguir adelante sin el apoyo del Partido Popular. Además, si llegara al pleno del Congreso, no podría ser aprobado, porque el PSOE no tendría ya la mayoría absoluta necesaria. Por eso, el diputado socialista Eduardo Madina dijo al acabar la sesión que "el Estatuto está muerto".

Los nacionalistas de CIU y PNV, que habían votado a favor el pasado 8 de abril, cuando se reunió la ponencia que cambió la caducidad del Trasvase en 2015 por la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos, se abstuvieron ayer para no actuar como "árbitros de una decisión que corresponde al PP y al PSOE". También se abstuvo IU. Con la decisión de retirar el Estatuto se cumplen las expectativas de los regantes, que ven salvado el Trasvase Tajo-Segura de un golpe de consecuencias imprevisibles, aunque la guerra continuará con el plan de cuenca del Tajo. Barreda advirtió ayer de que "esto acaba de empezar"

El grupo popular llegó a la Comisión Constitucional con una enmienda transaccional, que retocaba algunas de las disposiciones más conflictivas, manteniendo los 4.000 hectómetros cúbicos de la reserva como una aspiración del Ejecutivo castellano-manchego, pero el PSOE se negó a aceptarla, aunque ya parecía haber sido asumida por el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel.

El portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Alejandro Alonso, la calificó como "inadmisible" y culpó a Valcárcel de forzar el voto en contra del PP al Estatuto pactado en Toledo al desplazarse al Congreso para "vigilar y controlar el proceso". Para el parlamentario socialista, "el concepto de reserva" era irrenunciable, al igual que el caudal ecológico recogido en el texto. El portavoz del PP, Arturo García Tizón, defendió los retoques explicando que no tenía sentido mantener artículos y disposiciones inconstitucionales y que únicamente servirían para crear "agravios y ofensas" a la Región. Tizón se defendió acusando al PSOE de utilizar el agua como "un montaje electoral".