El ayuntamiento de Cartagena ha incumplido la ley al no poder presentar las cuentas de 2014 antes del 15 de octubre, como obliga la ley de Transparencia, que califica de «falta grave» el no hacerlo, advirtió ayer la vicealcaldesa Ana Belén Castejón, quien fue muy dura con la oposición y, sobre todo, con el PP, a quien acusó de «bloquear» y «chantajear» al Gobierno al no querer aprobar las cuentas de la sociedad Casco Antiguo -en la junta de accionistas previa al pleno- «que antes sí que aprobaron cuando se presentaron en la comisión informativa de Hacienda», recalcó.

Al incumplir con su obligación de presentar las cuentas de 2014 al Ministerio antes del 15 de octubre, el Consistorio se enfrenta a una multa de hasta 150.000 euros, que se derivará a los ediles de la oposición «ya que su voto implica su responsabilidad civil», indicaron desde la Alcaldía.

Además, Castejón quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los funcionarios asegurándoles que el equipo de Gobierno adoptará las medidas oportunas para que la plantilla pueda cobrar su sueldo, en caso de que el Ministerio decida bloquear las cuentas del Consistorio, es decir, que deje de transferir a las arcas públicas los cuatro millones de euros al mes, 48 millones anuales, con los que el Ayuntamiento paga las nóminas de los empleados públicos y los créditos.

Fuentes de Alcaldía indicaron que, en el supuesto de que esta situación se produjese, «ya que no sabemos cuánto tiempo discurrirá entre que nos comuniquen la multa y la recurramos, y si después nos bloquearán las cuentas -lo que acabará ocurriendo- la primera medida será eliminar los asesores de los grupos políticos y reducir los sueldos del Gobierno y oposición».

Inspección en Casco Antiguo

Castejón adelantó -gesticulando con las manos- que, momento, el alcalde José López dijo «una verdad así de grande» cuando destapó que el Ayuntamiento gobernado por el PP había intentado ahorrarse el IVA de los últimos cinco años -unos dos millones de euros- transfiriendo el dinero de los pagos por la compra del Edificio Administrativo de San Miguel como subvenciones, en lugar de como pagos.

San Miguel es sede municipal abierta al público desde abril de 2009 sin ningún contrato ni escritura a favor del Ayuntamiento, recordó. «El PP tiene que explicar a los cartageneros por qué ha votado en contra de sus propias cuentas, por qué han complicado la situación de este Ayuntamiento intervenido hasta el año 2022», dijo. Asimismo, indicó que, por este motivo, dos inspectores de la Agencia Tributaria se presentaron el lunes en la sede de Casco Antiguo pidiendo la documentación relativa a estas cuentas ante la sospecha de un posible delito de fraude fiscal, como adelantó López.

«MC y PSOE sin fisuras»

Además, destacó que el Tribunal de Cuentas llamó el miércoles al Consistorio para saber por qué aún no se han enviado las cuentas de 2014 advirtiendo de que «el plazo legal y la obligación de entregarlas es antes del 15 de octubre» y que ayer en el Boletín Oficial del Estado, este organismo señaló al Consistorio cartagenero porque «duda de su eficacia y diligencia en la recaudación tributaria y en control de los plazos de pagos. «Vamos a reunirnos con la Intervención, con los técnicos y a ponernos en contacto con el Ministerio, y que este Gobierno con su alcalde y sin fisuras buscará soluciones».