La Oficina de Transparencia ya funciona en el Edificio Administrativo de San Miguel con un objetivo claro: impulsar la participación ciudadana facilitando el acceso a los datos y asuntos que demanden los vecinos. Así lo indicó ayer en una rueda de prensa, la concejala responsable del departamento municipal, María José Soler, quien explicó que la puesta en marcha está dividida en dos fases.
La primera de ellas acabará el 9 de diciembre y contempla cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia, que aglutina información acerca de los sueldos de los concejales, personal eventual, presupuestos, contrataciones, normativa, trámites y subvenciones municipales. No obstante, la segunda fase de la implantación de la Oficina contemplará nuevas medidas «más allá de los mínimos exigidos por la ley».
Por su parte, el coordinador del departamento, Ángel Tarifa, anunció que el objetivo es «ser lo más transparente posible, con los únicos límites que impone la protección de datos personales».
Asimismo, los dos responsables destacaron que entre las medidas a tomar se incluirá «un replanteamiento de la política de comunicación del Ayuntamiento», ya que «la actual dispersión de los más de 30 portales web municipales hacen farragosa la labor de búsqueda de información».
«Llevará su tiempo, pero se va a trabajar en un único portal que recoja y estructure toda la información y tramitación municipal», señalaron.
