Un juzgado de lo penal de Cartagena ha condenado a 5 meses y 8 días de cárcel al exdirector del astillero de Navantia en la ciudad portuaria José del Pino, al que considera autor de un delito de falsedad en documento mercantil por crear una caja B en la que se contabilizaron casi 500.000 euros por conceptos no debidos.
La sentencia indica que José del Pino, al que se condena también al pago de una multa de cuatro meses con una cuota diaria de ocho euros, reconoció los hechos y se conformó con cumplir la pena pactada por el fiscal y su defensa, por lo que no fue necesario celebrar el juicio.
Con su reconocimiento de los hechos, Del Pino admitió que desde 2000 operó en Navantia una caja B, sin que se haya podido acreditar si la suma citada fue apropiada por los acusados o si su destino fue el pago de comisiones a terceros para mantener la productividad.
Para pactar la condena se tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, por los retrasos sufridos en la tramitación de la causa, y se acordó sustituir la pena de prisión por el pago de una multa de diez meses y medio, con la misma cuota diaria.
La condena se extiende también a otros cuatro exaltos cargos de Navantia, así como al gerente de las dos empresas privadas que extendieron las facturas.
La sentencia parece poner fin a un proceso que llevó a sentarse en el banquillo de los acusados al propio Del Pino, así como al exdirector de Motores Cartagena, Luis Rodríguez Bustelo; el exjefe de Planificación de Motores, Luis Armada Vadillo; el exgestor de Producción, Diego Sánchez Sánchez; y el exjefe de Posventa, Emilio Sánchez Álvarez; así como un sexto imputado: J. M. Z., socio de la empresa subcontratada Zafrucsa; a los que investigaron por el presunto desvío de unos dos millones de euros del astillero público a través de la subcontrata, aunque finalmente esa cifra se ha fijado en 500.000 euros.
La clave estaba, según fuentes judiciales en trece facturas emitidas por Zafrucsa y pagadas por la fábrica de Motores a cuenta de trabajos nunca hechos. El agujero fue descubierto en febrero de 2005 y casi todos los sospechosos reconocieron que había una contabilidad paralela de cientos de miles de euros.
