Arranca el macrojuicio contra ‘El Karateca’, que afronta 17 años de cárcel

A causa de la covid, al juez no le quedaba más remedio que suspender el comienzo de la vista oral del macrojuicio contra el narcotráfico que tenía previsto que comenzase en octubre de 2020 en la Ciudad de la Justicia de Murcia contra Pedro S. G., más conocido como ‘El Karateca’, y una treintena de acusados más, con motivo de la ausencia de dos de ellos, que se encontraban en cuarentena, al estar infectados por el virus. Entonces, la Sala emplazó a las partes a que compareciesen el mes siguiente, sin éxito. Las restricciones continuaban y el juicio no podía celebrarse. Hasta el punto que el principal procesado fue puesto en libertad provisional, al cumplirse los cuatro años de prisión preventiva máxima que contempla la ley para todo encausado.

‘El Karateca’, fue detenido en abril de 2017 junto con otras cinco personas en el marco de una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas. La Fiscalía pide para él penas que suman 17 años y diez meses de prisión y multas que superan los 2,5 millones de euros. Él y una treintena de personas más se enfrentan a cargos por tráfico de drogas, depósito de armas y munición, defraudación de fluido eléctrico, robo y amenazas. El juicio arrancará este jueves 11 de enero y contempla más de una treintena de sesiones, por lo que se prevé que se alargue durante meses.

Cabe recordar que solamente en uno de los pisos directamente controlados por Pedro S.G., ubicado en una pedanía murciana, la Policía Nacional se incautó de 233 kilos de marihuana, valorados inicialmente en 274.000 euros, así como seis escopetas, tres rifles, dos fusiles de asalto, una pistola y más de un millar de cartuchos.

Este individuo tiene antecedentes por lesiones, coacciones, detención ilegal, amenazas, delito relativo a la prostitución, atentado, malos, defraudación de fluido eléctrico, tráfico de drogas o asociación ilícita. En 2005 fue condenado a la pena de 12 años de prisión por sendos delitos de agresión sexual, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y prostitución. Tiene claro el Ministerio Público que el sujeto «desde al menos el 2015 dirigía una organización criminal dedicada a cultivos rotativos de marihuana con fines de tráfico que se albergaban en inmuebles distribuidos en amplias zonas de la Región de Murcia, previo alquiler; plantaciones de un elevado valor económico por la infraestructura que llevaban aparejada. En cada uno de esos inmuebles como arrendatario aparecía una persona afecta a la organización, que formalmente lo asumía pero el coste de los alquileres, instalaciones, montaje y mantenimiento era financiado por la organización, en cuyo beneficio prestaban sus servicios y a la que se destinaba la marihuana obtenida para su distribución permanente».

Medios y cómplices

Según se lee en la calificación de la fiscal Antidroga, «la organización, dotada de importantes medios económicos y materiales, contaba con un amplio número de personas afectas que en diferentes roles y en escalas ejecutivas diferenciadas, a las que luego se hará referencia con más detalle, actuaban de forma coordinada en las diferentes fases de las plantaciones; droga que era luego trasladada a pisos de seguridad para su ulterior venta, todo ello con vocación de permanencia y capacidad de reemplazo».