El juzgado de Menores número uno de Alicante ha condenado a un joven a realizar un curso de reeducación durante nueve meses por agredir a un pediatra del Hospital General de Alicante. Los padres del menor también han sido condenados a indemnizar al médico con 914,77 euros por las lesiones que le causó la agresión. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la agresión se produjo el 29 de octubre de 2019 en el servicio de Urgencias pediátricas del Hospital General de Alicante. Al parecer el joven, que entonces tenía 17 años, acompañaba a la familia cuando agredió al pediatra que les atendía, al que le dio un manotazo y una bofetada. El especialista sufrió un esguince en un dedo de la mano derecha, por lo que estuvo 15 días de baja.
La juez considera en su sentencia que el joven es culpable de un delito de atentado y de un delito leve de lesiones, por lo que le impone la asistencia a un curso de reeducación sobre cuidados parentales con una duración de nueve meses. El joven tampoco podrá acercarse durante los próximos dos años a menos de 200 metros de la víctima, ni comunicarse con él por cualquier medio. La sentencia es firme.
Guillermo Llago, abogado del Colegio de Médicos de Alicante y por tanto letrado que ejerció la acusación en el juicio, hace hincapié en la dureza de esta sentencia, sobre todo tratándose de un menor. «Además, el fallo estima que los padres son responsables del cumplimiento de la condena» como responsables civiles del menor.
En el año 2019, último del que se tienen registros, se produjeron en la provincia de Alicante 18 denuncias por agresiones a facultativos, según las cifras del Colegio de Médicos.
Una situación que la pandemia no ha hecho más que agravar. Aunque aún no hay datos oficiales, médicos y enfermeros alertan de la escalada de agresiones, sobre todo verbales, que se están produciendo especialmente en el entorno de los centros de salud y de los servicios de Urgencias. La pandemia mantiene a los primeros cerrados al acceso libre de los pacientes, que tienen que ser atendidos previamente por teléfono y después el médico decide si se le da una cita presencial. La obsolescencia de las centralitas provoca que los pacientes no puedan contactar con su médico fácilmente, lo que provoca tensiones a las puertas de los centros de salud. En algunos departamentos la situación ha obligado a reforzar el servicio de seguridad para evitar agresiones. En los servicios de Urgencias, los mayores problemas se están dando por la imposibilidad de los familiares de acompañar a los enfermos.
Figura de autoridad
En el año 2015, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma del Código Penal. Agredir a médicos o profesores cuando trabajan pasó a ser considerado atentado contra la autoridad, lo que conlleva hasta cuatro años de penas de cárcel.
Esta reforma afectó a 570.000 funcionarios docentes, según los datos que en su momento manejaba el Ministerio de Educación. También a 115.000 médicos y 165.000 enfermeros contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, además de fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales que se sumaban a otros empleados públicos ya considerados autoridad, como jueces o policías. La norma dejó fuera a los profesionales sanitarios de la sanidad privada.
