La Policía ha destapado un supuesto fraude para obtener subvenciones públicas de un grupo empresarial textil de Alicante, tras detener a 25 personas -una de ellas en Barcelona- acusadas de haber defraudado en cinco años 484.608 euros en ayudas directas y más de un millón de préstamos sin intereses.
Los arrestados presuntamente falsificaron facturas de proveedores para lograr las ayudas económicas convocadas por organismos públicos estatales y autonómicas, según un comunicado de la Policía Nacional.
Además del grupo empresarial investigado, los agentes constataron que catorce empresas ubicadas en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona habrían sido cooperadoras necesarias de esa actividad ilegal.
De las veinticinco personas supuestamente implicadas en la trama, veinticuatro fueron detenidas en Alicante y una, en Barcelona.
Las pesquisas se iniciaron tras una denuncia de un extrabajador de la empresa textil, quien manifestó que en el periodo de tiempo en el que formó parte de la mercantil, algo más de un año, tuvo conocimiento de la falsificación sistemática, organizada y continuada de facturas para la obtención de subvenciones de forma indebida.
El pasado mes de mayo, los agentes capturaron a los dos máximos responsables de la mercantil por un presunto delito de fraude a subvenciones públicas y registraron la sede social de esa sociedad, donde intervinieron documentación, entre otros efectos.
Las otras 23 personas supuestamente involucradas en la trama fueron apresadas en las fases siguientes de la operación.
Los policías comprobaron la existencia de facturas duplicadas con conceptos diferentes, adaptadas a lo exigido en las convocatorias de las subvenciones, y que también se habían falsificado documentos para la consecución de esas ayudas.
Igualmente, averiguaron que, cuando la empresa tenía conocimiento de la convocatoria de una subvención pública, sus representantes se reunían con los responsables de una asociación empresarial textil, encargada de intermediar entre la mercantil y el ente público otorgante de la ayuda.
Después, la asociación le enviaba un documento que detallaba la justificación de gastos, la utilización de proveedores, el importe mínimo a justificar, el periodo de las facturas para argumentar los gastos y su concepto.
Con toda esa información, la empresa textil reunía la documentación necesaria -nóminas y certificados, principalmente- para solicitar la ayuda.
También extraía un listado de la contabilidad de la mercantil del proveedor y la fecha deseada para la justificación de los gastos, al tiempo que seleccionaba las facturas necesarias para llegar al mínimo exigido en la subvención.
Por su parte, la empresa proveedora alteraba el concepto de las facturas enviadas con anterioridad y la remitía de nuevo a la mercantil textil.
Así, la mercantil presentaba las facturas modificadas y la documentación requerida al organismo público, que le abonaba la subvención solicitada en su totalidad al desconocer la irregularidad de esa justificación.
