El Gobierno solo financiará la ley universitaria si las comunidades crean nuevas plazas docentes

La media de edad de los catedráticos de las universidades españolas es de 61 años. La de los profesores titulares, 58. Y la de los ayudantes doctores (una figura minoritaria actualmente en los campus), 42 años. Aprobada por el Parlamento en 2023, la nueva ley que regula el sistema universitario (Losu) tiene por objetivo rejuvenecer las plantillas, erradicar la temporalidad y la precariedad y otorgar estabilidad laboral a los docentes para que, como muy tarde, a los 40 años ya tengan su plaza fija. Teniendo en cuenta que la temporalidad afecta ahora mismo al 48% de los docentes, crear nuevas plazas fijas requiere una inversión importante. ¿Quién la afronta?

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se ha reunido en Madrid esta mañana con los responsables de las comunidades para hablar de la Losu y de su financiación, el tema más espinoso de la norma. Diana Morant ha recordado a los responsables autonómicos -con competencias universitarias- que el Gobierno ha puesto encima de la mesa la creación, a partir del curso 2024-25, de 3.400 plazas de profesor ayudante doctor, figura que, a partir de ahora, será la puerta de entrada a la carrera docente universitaria. El docente ayudante doctor será una figura estable durante seis años, tendrá poca carga docente y obligación de participar en proyectos de investigación. Según los cálculos del ministerio, esta remodelación requiere una inversión de 900 millones de euros, repartidos en seis años.

La ministra, sin embargo, ha advertido a los consejeros y las consejeras de que el Gobierno solo financiará esas plazas -bajo el paraguas del programa para la incorporación de talento docente e investigador- si hay “corresponsabilidad” de las comunidades autónomas. "Si no entran las comunidades autónomas no entraremos", ha subrayado dejando claro que si los territorios no financian el resto de plazas que hacen falta para rejuvenecer por completo las plantillas y erradicar la precariedad laboral, el Gobierno no podrá encima de la mesa los millones anunciados.

Fuentes ministeriales explican que no hay una cifra oficial de plazas necesarias para cumplir con los objetivos de la Losu porque cada autonomía y cada universidad tiene sus propias necesidades y características. A pesar de eso, extraoficialmente se baraja una cifra de entre 4.000 y 5.000 en total, contando con las plazas financiadas por el Gobierno.

"Condicionamos la entrada de este programa en cada autonomía a la corresponsabilidad de la comunidad. Entendemos que en los próximos días vamos a ser capaces de resolver dudas particulares que puede haber por parte de las comunidades autónomas para facilitar que con este programa podamos resolver el problema de la precariedad y la temporalidad", ha asegurado Morant en declaraciones a la prensa, una vez terminada la reunión en la sede madrileña del ministerio.

Fuentes del Departament de Recerca i Universitats han manifestado que existe un "principio de acuerdo" pero que ahora están pendientes de "concretarlo" mediante "un convenio" entre el ministerio y la Generalitat.

Tras verse con los responsables de universidades, la ministra ha destacado que hay comunidades autónomas que ya han expresado su voluntad de participar en el plan mientras que otras lo valorarán con sus gobiernos. "Ninguna ha cerrado la puerta y han dejado la puerta abierta al diálogo con el Ministerio", ha apostillado Morant.

Sin embargo, varios responsables de Educación han dejado claro, antes de reunirse con la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, que su postura es que el Gobierno central financie el 100% de las nuevas contrataciones. Así se han expresado, por ejemplo, la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, y el de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira.

Fuentes ministeriales recuerdan que, de media, la inversión de las autonomías por alumno universitario y por año es de 7.000 euros. Catalunya y Madrid, que son los territorios con mayor número de estudiantes, están por debajo de esa media. En todo caso, los 7.000 euros están muy alejados de la media de la UE, que ronda los 11.000 euros.