Familiares de los fallecidos en residencias de Madrid se apoyan en el exconsejero de Cs para volver a llevar el caso a la Fiscalía

Las conclusiones sobre lo que ocurrió en los mayores en las residencias de Madrid no son nuevas cuatro años después. Son un recopilatorio de afirmaciones que ya se han escuchado a lo largo de estos años, desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020, pero esta vez están detalladas y documentadas en un informe que se ha realizado, según sus promotores, con una "metodología similar a la de un juicio", en la que se han analizado documentos oficiales, investigaciones de organizaciones internacionales, declaraciones judiciales y testimonios de 25 personas, entre ellas, varias trabajadoras en residencias de mayores en aquellos meses, familiares de los fallecidos y ex consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero. Con todo eso plasmado en un informe, los familiares de las víctimas reclaman a la Fiscalía que vuelva a judicializar lo ocurrido en la región madrileña durante la pandemia.

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias se creó en abril de 2023, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, y en su informe concluye que "se vulneraron derechos fundamentales" y se pudo haber evitado la muerte de muchos mayores que no fueron trasladados a los hospitales. "Pudo y debió haberse evitado", apunta este informe presentado este viernes en el Ateneo de Madrid y al que han asistido los portavoces de Más Madrid y PSOE en el Ayuntamiento de la capital y la Asamblea de Madrid.

Discriminación

Fernando Flores Giménez, redactor del informe y profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad, ha puesto voz a las conclusiones de este documento resumiendo que "la no medicalización unida a la no derivación" fue lo que determinó que muchos mayores fallecieran en las residencias discriminados "por edad y discapacidad". A su lado, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y presidente de esta Comisión, ha asegurado que durante este trabajo ha escuchado "testimonios" que se le han quedado "grabados en la retina" por su crudeza, y ha aseverado que lo ocurrido en las residencias de Madrid es "un caso claro de funcionamiento anormal de la Administración".

El informe presentado hoy constata la "sobremortalidad" ocurrida en Madrid en aquellos meses. "No da lo mismo" que hubieran sido trasladados o no, ha señalado Pallín en referencia a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hace unos días dijo en la Asamblea de Madrid que los mayores "no se salvaban en ningún sitio". Según el informe, el porcentaje de supervivencia de quienes fueron trasladados a los centros sanitarios era del 65%, de modo que de los 7.291 fallecidos que se cuantificaron en Madrid, "son más de 4.000 los que se hubieran salvado".

Distribución de recursos

El documento concluye que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como carecer de seguro privado" y señala que la promesa de medicalizar las residencias nunca se efectuó.

Durante la presentación del informe, el médico y experto en gestión y administración sanitaria Fernando Lamata, ha expresado que aunque en 2020 Madrid ya adolecía de un "problema estructural" de falta de medios en la atención de las residencias y del sistema de salud, "Ifema recibió en aquel momento a 3.000 profesionales para medicalizar el recinto con 1.300 camas", según la Memoria del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. "Son las que hubieron de medicalizarse" en las residencias, ha apuntado: "Los recursos estaban pero se utilizaron para medicalizar pacientes quizás más benignos".

Para esta Comisión, "el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en las residencias" fue consecuencia de "unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación en la atención", por lo que concluye que "se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y sus familiares".

Además, se ha vulnerado "el derecho a la verdad" porque no se ha "investigado debidamente" y se ha trabajado con "opacidad" frente a la ciudadanía, a quien no se le ha facilitado toda la información que solicitaba sobre lo ocurrido ni se han establecido "reparaciones justas".

Competencia de la Fiscalía

Entre otras cosas, por eso Martín Pallín, especialmente crítico con la Fiscalía durante su intervención, ha dicho que es momento de que el Ministerio Público tome la iniciativa basándose en el informe presentado por esta Comisión. El documento se va a llevar a distintas instituciones, pero los promotores han sido exigentes con la Fiscalía para que "complete una investigación eficaz y diligente". Si esta comisión presenta hoy este informe, ha dicho Martín Pallín, no es para invadir las tareas de políticos y jueces, sino que lo han hecho impelidos por los familiares porque las comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid "se frustraron".

El problema principal al que apunta el informe, una vez detalladas sus conclusiones, es que la situación "no se ha corregido" desde entonces.