El 93% de las muertes de animales por veneno o caza furtiva no se juzgan

Aunque no existe una estadística oficial que monitorice la mortalidad de la fauna protegida y su evolución temporal, un recuento elaborado por WWF -junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental, la Universidad de Granada y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados- muestra que al menos 8.784 animales fallecieron entre 2015 y 2020 debido a 4.902 delitos contra especies protegidas. Sin embargo, el 93% de los responsables no fueron juzgados.

La estadística revela que fallecen casi cinco animales al día por diversos delitos. Y estos datos son solo la punta del iceberg dado que la mayoría de las muertes no se detectan debido a la enorme extensión del territorio español y la falta de medios humanos dedicados a la vigilancia y detección. “Quienes provocan las muertes esconden los animales, los entierran o estos desaparecen comidos por otros”, explica Silvia Díaz, especialista del programa de especies de WWF.

De hecho, se calcula que el envenenamiento, uno de los delitos más comunes, provoca la muerte de alrededor de 10.000 animales al año, aunque solo se descubren entre el 10 y el 15% de los casos. “El problema del envenenamiento es que mata a cualquier animal que se coma el cebo y, a su vez, al que se coma a este animal. Es una cadena que afecta incluso a las especies amenazadas y a muchos buitres que se comen los cadáveres de animales que mueren envenenados”, añade.

Las muertes contabilizadas son solo la punta del iceberg dado que la mayoría no se detectan debido a la enorme extensión del territorio y la falta de medios

El perfil

El perfil de las personas que ponen veneno en el campo está conformado mayoritariamente por agricultores y ganaderos, que quieren evitar los daños que animales depredadores, como zorros o lobos, provocan a sus cultivos o granjas. Asimismo, también hay cazadores que quieren eliminar a los depredadores que se comen a los animales que quieren cazar.

Pese a los importantes daños que provocan a la biodiversidad, en el periodo analizado, de 2015 a 2020, solo hubo 327 sentencias sobre los 4.902 delitos contra la fauna registrados, lo que supone que el 93% no fueron juzgados por la vía penal.

De 2015 a 2020 solo ha habido 327 sentencias sobre los 4.902 delitos contra la fauna detectados

Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32 sentencias) y uso de veneno (26 sentencias). En cuanto al número de casos, la caza furtiva (1.773 casos), los envenenamientos (1.899 casos) y el uso o posesión de métodos ilegales de captura (446) son los más frecuentes.

Los motivos

La alta impunidad se debe a que hay problemas tanto en la detección de los delitos, como en la persecución y el enjuiciamiento, que se dan tanto en las muertes de la fauna protegida como, en general, en el maltrato animal, por causas muy diversas. Por un lado, algunos delitos son aislados pero otros están relacionados con el crimen organizado responsable del tráfico de especies, dado el “boom de mascotas exóticas”, lo que hace más difícil su persecución, según Díaz.

Además, falla la implicación judicial. “Como son considerados delitos menores”, no se emiten autorizaciones para “sistemas que podrían demostrar la autoría”, como las grabaciones de teléfono, en un país donde no hay especialización judicial en medio ambiente y en la formación fiscal “aún queda mucho por hacer”.

A su vez, Irene Torres, jurista de la Fundación Franz Weber apunta que “si no existe acusación popular, muchos casos de maltrato se archivan y la mayoría de oenegés no dispone de fondos necesarios para contratar abogados”.

Por último, falta voluntad política, sobre todo a nivel territorial. “Hay dejadez por parte de las administraciones al considerarlo un tema de menor importancia”, sostiene Torres. Mientras que Díaz señala que, aunque España ha hecho esfuerzos y está mejor que otros países, aún hacen falta más recursos, más personal y más coordinación entre el ámbito administrativo y penal.

“Hay dejadez por parte de las administraciones al considerarlo un tema de menor importancia”

Irene Torres

— jurista

En este contexto, el Gobierno ha aprobado una reforma del Código Penal que agrava algunas penas, como dar muerte a un animal, de 18 a 24 meses. Sin embargo, según han denunciado varias protectoras, contiene “graves retrocesos”, dado que dificulta la persecución de la explotación sexual de animales y se posibilita castigar delitos graves con una simple multa.