¿Quién o quiénes retrasan la ley de amnistía? / Polémica para bichos raros

Numerosos actores han coadyuvado para retrasar la aprobación de la denostada ley de amnistía. Los más destacados fueron los independentistas de extrema derecha agrupados en torno a Carles Puigdemont y dos actuaciones judiciales cuyo fin, claro queda, era boicotear el acuerdo. Entre estos dos, retroalimentándose convenientemente, consiguieron el objetivo que PP y Vox no hubieran logrado por sí solos.

Resulta interesante recordar las votaciones, pues en ellas quedó constituido un nuevo bloque de derecha extrema/extrema derecha de intereses momentánea y aparentemente no coincidentes, pero de casi segura consolidación futura: PP, Vox y Junts, con prácticas políticas y económicas muy similares, cuando los primeros y los terceros han gozado del poder y acordes con lo que prometen los segundos, ahora que pisan moquetas autonómicas gracias a los primeros.

Sea lo que sea en el futuro, hay que reconocer a Puigdemont el mérito de haber sabido sembrar la confusión más profunda de las registradas en años recientes. Aquello del ‘procés’ y la declaración fantasma de la independencia de Cataluña por unos segundos fue una risa comparado con lo que se vive ahora. Como muestra, un botón: el huido de Waterloo ha recibido críticas inequívocas por parte de antiguos convergentes embarcados en Junts tras el rechazo del grupo parlamentario puigdemonista a votar ‘sí’ en el Congreso el martes pasado.

A la espesa niebla política que anega del ambiente político contribuye en medida nada despreciable la utilización espuria del término ‘terrorismo’, iniciada por el juez García Castellón, que resucita ahora en un auto en referencia al Tsunami Democràtic de hace cuatro años, con una clara intencionalidad de forzar la mano al Gobierno de Sánchez y provocar el rechazo de Junts a la amnistía pactada por miedo a que el gran líder y alguno de sus adláteres no pudieran ser incluidos en ella.

Item más, Núñez Feijóo se apresuró a ‘comprar’ esa utilización haciéndola suya para volver a hablar de terrorismo como el delito capital cometido por los de Puigdemont y sus seguidores de distintos pelajes de aquella época. Tal que si el PP no conociera en carne propia, igual que otros partidos, lo que es el terrorismo verdadero –ese que, como el amor, ni se compra ni se vende: se sufre– y sus cruentísimas consecuencias.

Mención especial merece el auto del magistrado Aguirre, que ha encontrado hueco en su abigarrada agenda y explicar sus teorías conspiranoicas en la televisión alemana para explicar su prórroga de seis meses de la investigación de una supuesta conexión rusa – o sea, con Putin– del ‘procés’, de la cual se deduce que el huido a Waterloo pudo saber de las intenciones del neozar de invadir Ucrania varios años antes de que se produjera. ¿Ayahuasca? ¿LSD? ¿Mescalina? ¿Peyote?

Las consecuencias en los discursos políticos de ambos preclaros juristas son innegables, hasta el punto de que han elevado las suspicacias sobre posible e intencionadísimo ‘lawfare’ judicial, cosa que encaja bien con el ‘se non è vero, è ben trovato’ atribuido a Giordano Bruno que, por cierto, fue gran estudioso de los astros en el siglo XVI y, a lo que se ve, dignísimo émulo ‘avant la lettre’ de los ínclitos magistrados mencionados.

Así que es difícil saber quién o quienes han contribuido más a la confusión reinante. Que, hay que decirlo, parece solo afectar directamente a unos pocos ciudadanos del Estado español, cualquiera que sea su filiación o dedicación. Si hay que hacerle caso al CIS de Tezanos del 17 de enero, que tampoco se puede equivocar al cien por cien, solo el 0,6% de los españoles considera la amnistía como su primera preocupación. Y solo el 2,3% la sitúa entre sus tres primeros motivos de insomnio.

Pero cualquiera de ellos se asoma a la opinión publicada, y la conclusión más directa que extrae es la de verse en el espejo como un bicho raro, rarísimo.

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