Ya dimitió Lesmes. Y ya lo dijo Aristóteles: el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. El presidente del Consejo lo anunció en la apertura del año judicial ante el mismo Jefe del Estado, y ha cumplido con su advertencia de dimitir si no se renovaba el Consejo General del Poder Judicial. Los demás vocales del Consejo ya han dicho que ellos no dimiten. En un comunicado aprobado por unanimidad, en fecha 13 de octubre, tras reconocer al ya expresidente de ese órgano su labor, afirman que los órganos del CGPJ seguirán actuando con plena unanimidad y cumpliendo su cometido constitucional de defensa de la independencia judicial y del buen funcionamiento de los juzgados y tribunales, a través del ejercicio de todas y cada una de las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico (sic). Al mismo tiempo, manifiestan que confían en una pronta renovación del Consejo. Pero la realidad es que el PP exige que el PSOE dé por escrito su palabra de cambiar la ley para la designación en un futuro de los vocales de ese órgano de gobierno de los jueces. A la vez que se pide tiempo por el Gobierno para llegar a un acuerdo. Qué prisa hay, después de cuatro años de retraso y una dimisión de su presidente.
Ya se ha nombrado a otro presidente del Consejo, y no es el que los asesores del mismo dijeron, el magistrado Francisco Marín Castán, sino el vocal de mayor edad Rafael Mozo elegido por los demás vocales, menos por Wenceslao Olea que ha pedido la nulidad del nombramiento en el Supremo, por si faltaba poco. Nos colocamos a la altura de las novedades de este siglo donde, si hay dos Papas por qué no va a existir un presidente del Consejo General del Poder Judicial y otro distinto como presidente del Tribunal Supremo, aunque siempre hayan coincidido ambas presidencias en una misma persona. Ya sé que es una fórmula transitoria, pero como se aplique la tradición de lo que viene para parchear, se convierte en una rueda nueva sin recauchutar, aunque no creo sea este el caso, porque la renovación será total. Su elección, parece ser que garantizará una transición serena, su talante dialogante y conciliador lo hará posible, según dicen los que le conocen.
La intención de los vocales del Consejo es facilitar de una vez por todas su renovación. Por tres razones, la primera porque se cumplirá la ley (está feo que con el máximo representante de los jueces no se cumpla), la segunda porque la independencia del poder judicial saldrá reforzada, y la tercera, y la más pragmática, porque por fin van a poder nombrarse una cantidad de magistrados para los órganos más importantes de la Justicia (Supremo, Constitucional y presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales), que actualmente están esas plazas vacantes o en prórroga, pudiendo dictar el Supremo más sentencias que en la actualidad. La cuestión es por tanto trascendental, porque si nuestra justicia, puede presumir de ser totalmente garantista, su otra cara es el mal endémico de la lentitud.
Desde que en el año 2018 se propuso una lista de 51 aspirantes para esta renovación, ha pasado tanto tiempo, que alguno de ellos se han, o se van a jubilar prontamente, otros han renunciado, y otros incluso, han fallecido. Y además hay trescientos jueces más que entonces. Total, que borrón y cuenta nueva, a empezar una nueva lista a la espera de esa modificación legal, que permita lo que parece lógico, y es que sean los propios jueces los que elijan a sus representantes, sin injerencia política alguna. Así, desaparecería esa sensación que el ciudadano tiene sobre la politización de la justicia.
Y la sensación que los propios jueces pueden tener de no ser respetada y valorada su independencia, y lo que es igual o más importante, que la separación de los tres poderes, base de toda democracia y Estado de Derecho, existe en su integridad.
