Corrían los años ochenta y noventa. En las manifestaciones feministas de la época coreábamos la consigna: «nosotras parimos, nosotras decidimos». Es la capacidad de decisión lo que nos convierte en ciudadanas de pleno derecho. Cuando otros deciden por nosotras, cuando estamos tuteladas por la familia, el Estado, la Iglesia o el estamento médico, las mujeres somos infantilizadas y cosificadas. Sin capacidad de decisión, la igualdad es una falacia.

Hoy queremos hablar sobre la nueva ley del aborto, aprobada recientemente y que deberá a continuación ser aprobada por el Congreso. Esta ley garantizará el acceso al derecho al aborto en la red de salud pública. Es decir, las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el hospital público más cercano. La principal novedad (y principal polémica) consiste en que permitirá abortar sin permiso paterno a las mujeres de 16 y 17 años. También ofrecerá de forma gratuita la píldora del día después y garantizará la baja laboral por reglas dolorosas. Asimismo, la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas.

El PP ya ha recurrido esta ley ante el Constitucional (según el Partido Popular vulnera los derechos del no nacido) a pesar de las disidencias internas: Díaz Ayuso se mostró de acuerdo con que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin el consentimiento paterno. Son imprescindibles leyes progresistas en materia de salud sexual y reproductiva. Y es imprescindible que esas leyes cuenten con los recursos que permitan que puedan aplicarse.

Hasta ahora, en Murcia y otras comunidades autónomas era imposible ejercer ese derecho ya que la objeción de conciencia de los médicos obligaba a las mujeres a viajar cientos de kilómetros para poder interrumpir su embarazo. En esta nueva ley está previsto que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte de algunos médicos no impida el derecho al aborto en las mejores condiciones.

La ley también establece medidas para la prevención de la violencia contra las mujeres en casos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Entre esas formas de violencia reproductiva se encuentran los «vientres de alquiler». En España esta práctica seguirá estando prohibida y, además, se prohibirá la publicidad de las empresas que ofertan estos servicios en el extranjero.

esta ley recupera lo que establecía la aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de Zapatero, que fue cambiada en 2015 por el Gobierno popular de Mariano Rajoy para exigir la autorización paterna a las chicas menores de edad. Tampoco debemos olvidar la llamada ‘contrarreforma de la ley del aborto’ (que solo permitía abortar en caso de violación o menoscabo de la salud) impulsada por Ruiz-Gallardón, que supuso su tumba política y que generó una histórica respuesta del feminismo español vertebrada en torno al ‘tren de la libertad’. Pero en muchos países del mundo abortar sigue siendo una cuestión de vida o muerte. Las mujeres no son dueñas de sus cuerpos y tienen que seguir arriesgando sus vidas para interrumpir un embarazo no deseado. Es sabido: la ilegalización del aborto no lo impide, solo consigue que se practique de forma insegura y peligrosa y que las mujeres mueran. La estadística habla alto y claro.

Uno de esos países es, desde junio de este año, Estados Unidos. La muerte de Ruth Bader Gingsburg en septiembre de 2020 supuso una enorme pérdida humana y política y dejó la Corte Suprema en manos conservadoras. Hace unos meses, en un fallo muy poco habitual, este tribunal revocó su propia sentencia de 1973 conocida como Roe vs. Wade, que era el precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. Ahora el aborto ha dejado de ser un derecho constitucional. En adelante, cada estado podrá decidir si mantiene el derecho al aborto o, por el contrario, ilegaliza esta práctica, como ya han anunciado al menos la mitad de los territorios. Estados Unidos era un referente en cuanto a los derechos de las mujeres, la sentencia Roe vs. Wade establecía que el aborto era un asunto de privacidad y autonomía sobre el cuerpo. Ahora el país se encuentra, en materia de derechos sexuales y reproductivos, en un escenario como el que presenta el magnífico documental The Janes, que cuenta cómo un grupo de jóvenes se organizan para dar asistencia a mujeres que quieren abortar.

Se avanza despacio y los derechos que se consiguen no siempre están garantizados. Como hemos visto, Estados Unidos ha dado un salto atrás en el tiempo de nada menos que 50 años. No podemos relajarnos en nuestras demandas, no podemos desfallecer. Se ha conseguido sacar adelante logros clave, pero si algo hemos aprendido es que siempre estamos a un paso de volver atrás.