El pasado día cinco de agosto se publicaba en el BORM la resolución firmada por el Director General del IMAS por la que se iniciaba el procedimiento para asignar 283 plazas «para su ocupación por personas usuarias de los servicios sociales especializados en el sector de personas mayores». Con éstas, el número de plazas (aproximadamente) en residencias concertadas, costeadas con dinero público, serían 5.918 respecto de las 700 que existen en centros de titularidad pública.
De nuevo el gobierno regional prefiere potenciar (como en educación) la concertación con el sector privado frente a la plena titularidad pública.
Al señor Raúl Nortes le cupo el dudoso honor de «comunicar a los responsables de las residencias de personas mayores de la Región que no están obligadas a cumplir el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención de la dependencia» y cuya prioridad es «la dignidad de las personas ingresadas y aumentar notablemente la calidad de vida». Criterios que fueron aprobados por el Gobierno de España recibiendo el apoyo de una mayoría de comunidades autónomas, entre las que no se encontraba la Región de Murcia que fundamentó la negativa en la ausencia de dotación presupuestaria. El plazo dado para adaptarse es de ocho años.
Por cuanto antecede, ya sabemos los ciudadanos de esta región que, en caso de necesitar ingresar en una residencia privada o concertada, haremos bien emigrando a la vecina Comunidad Valenciana, donde sí han mostrado la voluntad de cumplir con esos acuerdos que, entre otras mejoras, facilitarán una habitación individual al residente, así como un trabajador por cada dos usuarios, evitando caer en una de esas macroresidencias (el nuevo criterio limita en número de plazas a 120), cuyo objetivo no es otro que optimizar recursos para obtener el mayor beneficio posible. La consecuencia clara es la imposibilidad de atender dignamente a los usuarios.
No obstante entre esos criterios tan inasumibles por nuestro gobierno regional está el de que los residentes tengan voz y voto en el funcionamiento del Centro o se frene el uso de medicamentos destinados a «tener controlados» a los residentes. Criterios que por su naturaleza, consideramos, no entrañan coste económico alguno.
Ninguna reticencia a los 12,8 millones recibidos del gobierno de la nación del plan de choque para la dependencia que se destinarán -al menos en parte- a abonar la actualización de precios y compensar los gastos generados por la pandemia y que todavía se adeudan a las empresas privadas del sector, que recibieron el apoyo público en momentos tan críticos, con los sanitarios incluidos en el CORECAAS (Coordinación Regional para la Cronicidad Avanzada y la Atención Sociosanitaria), que «desembarcaron» en las residencias privadas/concertadas, como los aliados en Normandía: a pecho descubierto. Tampoco se muestran reservas a los fondos Next Generation europeos, prometidos a la administración autonómica para ayudas en inversiones realizadas en residencias entre 2020 y 2023 (se podrían emplear en adaptarse a esos inalcanzables criterios marcados por el Ministerio de Derechos Sociales).
Ante el posible recorte de beneficios, los Fondos de Inversión han decidido replantearse su presencia en el capital del sector, tras conocer la iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Deberíamos considerar a las residencias concertadas, en realidad, como actuaciones filantrópicas que nos recuerden aquellas obras de beneficencia que la alta sociedad decimonónica dedicaba para el auxilio de pobres y necesitados, con el fin de acallar sus conciencias, ante la paupérrima situación en la que quedaban aquellos humildes ciudadanos –que eran la mayoría- que conseguían alcanzar una avanzada edad.
Probablemente las comunidades autónomas que votaron a favor de los planteamientos de la ministra Ione Belarra son conscientes de las dificultades que entraña adaptarse a los criterios señalados pero, al menos, muestran sensibilidad y voluntad de conseguir el mayor bienestar posible para ese colectivo tan vulnerable, como es el que representan nuestros mayores.
En cualquier caso debemos ser los ciudadanos quienes exijamos qué modelo de asistencia social deseamos y, en concreto, cómo ha de ser el entorno en el que habremos -muy probablemente- de vivir la última etapa de nuestra vida. Si es necesaria la movilización, cada uno habremos de asumir la responsabilidad que nos corresponde. Desde CCOO de la Región de Murcia no miraremos hacia otro lado, somos conscientes de la situación en la que usuarios y trabajadores de la residencias de mayores subsisten diariamente y que esas condiciones son claramente mejorables.
