No nos cansamos de recordarlo. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, adquirió en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma un compromiso claro: el de implantar rebajas fiscales como medida básica para contener las subidas desorbitadas de los precios, una inflación que se ha disparado rozando el 10%, a niveles que no se conocían desde 1985. Sin embargo, en su tan esperado ‘plan de choque’ contra la crisis, no se toca ni el IVA de los combustibles y de los productos básicos, que pedimos que rebaje al tipo superreducido, ni el impuesto a los hidrocarburos, ni tampoco el IRPF, cuyos tipos debería actualizar conforme a la inflación. Por tanto, Pedro Sánchez ha mentido a los presidentes autonómicos a la cara e incumple su promesa de bajar los impuestos. Una vez más, ha faltado a su palabra, cuyo valor vuelve a demostrar que es equivalente a cero.
En lugar de aliviar los maltrechos bolsillos de los españoles, Sánchez prefiere seguir haciendo caja para mantener al Gobierno más mastodóntico, caro e inútil de la historia de la democracia. Además, nos ha hecho esperar a los españoles hasta el día 29 de marzo para al final presentarnos el plan de choque más rácano de todos los países de la Unión Europea. ¿Para esto ha merecido la pena aguardar tanto? ¿Para esto era necesario dejar pasar tantos días en los que se ha seguido asfixiando y sangrando a las familias españolas y a todo nuestro tejido productivo?
Un ‘plan de choque’, por lo demás, que es otro trágala que nos pretende imponer el Gobierno de Sánchez, ya que absolutamente nada se ha negociado con los demás partidos políticos, y en especial con quien debería haberlo hecho, con el principal partido de la oposición. Es, además, otro típico producto propagandístico del sanchismo, presentado con toda pompa y circunstancia con el anuncio de una inversión de 16.000 millones de euros, cuando en realidad 10.000 millones de esa cantidad se limitan a ser préstamos con sus correspondientes intereses. Unos avales ICO de los que, por cierto, aún quedan 35.000 millones sin aplicar de los anunciados en plena pandemia.
Contiene además medidas de carácter intervencionista y contraproducente. Como, por ejemplo, el tope que se pretende imponer a los precios del alquiler que, lejos de conseguir el objetivo de bajarlos, producirá el efecto de contraer el mercado del alquiler. O la ocurrencia de prohibir el despido en empresas en dificultades, a las que de esta forma aboca a su cierre. Volvemos a ver cómo PSOE y Podemos aprovechan una situación de crisis para avanzar en su agenda ideológica, en lugar de bajar impuestos y reactivar la economía.
Menos mal que, mientras Pedro Sánchez nos pedía a los españoles que aguardáramos al día 29 de marzo a la vez que se dedicaba al postureo y la propaganda, incluido un infructuoso ‘road show’ por los países de la Unión Europea, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se sentaba con los sectores afectados por esta crisis, les escuchaba y tomaba nota de sus demandas y reivindicaciones. Y no ha tardado en poner soluciones reales encima de la mesa, como la movilización de cincuenta millones para ayudar a empresas, pymes y autónomos, la exención de las tasas autonómicas a agricultores, ganaderos y transportistas, la actualización de los precios de los proyectos de obra de la Comunidad para el sector de la construcción, y un paquete de exenciones y bonificaciones para los pescadores. Unas medidas audaces, que, como no podía ser de otra manera, sí contienen bajadas de impuestos, y que se ampliarán para poner en marcha líneas de financiación para más empresas y autónomos que ahora mismo están teniendo pérdidas.
Es la diferencia entre quien sí se compromete de verdad a adoptar medidas que frenen la subida de precios y a aliviar la situación de asfixia que sufre el tejido productivo de nuestra Región, frente a quien, en lugar de cumplir con su obligación de liderar las soluciones para mitigar los efectos de la crisis, anda más preocupado por utilizar la propaganda para mantenerse en el poder, que es el único objetivo del actual inquilino de la Moncloa.
