Redacto estas líneas coincidiendo con el anuncio del ayuntamiento de Murcia de la inauguración de las obras de rehabilitación del primer cuerpo de la Prisión Provincial de Murcia, más conocida como Cárcel Vieja. Como estaba previsto en el concurso de anteproyectos ganador, ‘Muros etéreos’, y en contra de no pocos colectivos sociales, se procedió en su día al derribo de los muros perimetrales de la prisión, para, según se dijo, ‘dejar un espacio diáfano’ de uso por la ciudadanía. La intención del gobierno municipal del PP era clara: hacer olvidar que la Cárcel Vieja fue un centro de represión, torturas y muerte: más de 500 personas fueron fusiladas intramuros de la prisión o junto al cementerio de Espinardo en el momento álgido de la represión franquista, a las que hay que añadir las que murieron por enfermedad (tuberculosis), alimentación muy deficiente e incluso por suicidio.
Por los medios de comunicación nos hemos enterado de que, a partir de 2023 se van a acometer las obras de la cara norte y del cuerpo central de la prisión, en donde, se dice, se va a conservar una galería de celdas «como expresión de lo que en su día fue la vida carcelaria de sus ocupantes», aspecto del que hablaré más adelante.
Para resaltar la importancia histórica de la Cárcel Vieja, no sólo como integrante del acervo histórico-cultural de la ciudad, con su estructura arquitectónica neomudéjar, sino también como recordatorio de lo ocurrido intramuros de la misma, es bueno rastrear, siquiera sintéticamente, la historia de esa prisión.
Un excelente trabajo de investigación de Francisco J. Medina Albaladejo, profesor murciano de la Universidad de Valencia, publicado en Anales de la Universidad de Murcia (UMU) en 2009, nos ilustra sobre los orígenes de ese centro penitenciario y los sucesivos cambios habidos en el régimen de propiedad.
La cárcel fue proyectada en 1922, construida en 1927 e inaugurada el 26 de mayo de 1929 para sustituir, en funciones penitenciarias, a la prisión ubicada en la calle Vara del Rey de la capital. La Diputación Provincial adquirió unos terrenos al norte de la ciudad, pertenecientes a la marquesa de Salinas, con la idea de aprovechar como recinto penitenciario una torre allí existente. Pero las disponibilidades presupuestarias de la Diputación eran escasas. Pronto, no obstante, las prisiones fueron transferidas de las diputaciones provinciales al Ministerio de Gracia y Justicia, que fue el que inició las obras. La cárcel, concebida para la rehabilitación moral de los presos, según las directrices paternalistas de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, tenía una capacidad para cuatrocientos reclusos, aunque en los momentos álgidos de la represión franquista llegó a albergar a 3.000 personas, con un hacinamiento insoportable pese a que, en ese periodo histórico, los conventos de Las Isabelas y Las Agustinas de la capital murciana también funcionaron como prisiones.
La prisión, que cerró definitivamente en 1981, tuvo distintos propietarios a lo largo de su historia: Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Hacienda y, finalmente, Ayuntamiento de Murcia, momento a partir del cual surgieron distintas propuestas de uso del edificio, incluida su demolición, que no se consumó.
En mayo de 1998 el ministerio de Hacienda pretendía ubicar allí la sede de la Agencia Tributaria, con la oposición, entre otros, del arquitecto Félix Santiuste de Pablos, que pedía la declaración de BIC para el edificio. En junio de 2000 el ayuntamiento de Murcia incluyó la prisión en el Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del PGOU, con el grado de protección 2, que obligaba a conservar la fachada y su estructura.
En septiembre de 2013 se produjo la cesión por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento, que, a su vez, cedió a ese ministerio 8.000 metros cuadrados de parcelas situadas entre las avenidas Juan Carlos I y Juan de Borbón para instalar allí la sede de la Agencia Tributaria.
Por último, en 2017, el consistorio capitalino convocó el concurso de anteproyectos arriba citado, con la exposición de los tres ganadores en la sede del Colegio de Arquitectos.
PROPUESTAS PARA UN USO AUTÉNTICAMENTE MEMORIALISTA. Cuando, inicialmente, el Ayuntamiento del PP anunció su intención de ubicar en el primer cuerpo de la prisión ahora remodelado un gastrobar, la oposición social y de las asociaciones memorialistas fue patente, por entender que no se podía banalizar ese espacio con actividades que hicieran olvidar lo que ese centro penitenciario había supuesto como lugar de horror y muerte, circunstancia que era preciso resaltar para conocimiento de las generaciones actuales y futuras.
El concurso de anteproyectos convocado en su día se hizo sin contar con la ciudadanía. Ahora, cuando está por decidirse el contenido real de ese espacio memorialista, parece insuficiente y poco concreta la propuesta municipal de reservar un conjunto de celdas que reproduzcan las condiciones de vida de los presos. Sería deseable que el nuevo consistorio murciano no se deslizara por la senda del anterior, sino que diera voz, mediante una consulta y participación de la ciudadanía, a los colectivos sociales que, con seguridad, enriquecerán esa endeble propuesta.
La Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia (MHMU)-Tenemos Memoria, apoyada por la Federación regional de asociaciones memorialistas, ha venido buscando, por ello, asesoramiento en el ámbito académico. Pedro María Egea Bruno, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Murcia (UMU), nos ha aportado una serie de propuestas, muy útiles, que podrían dotar de contenido a ese espacio de la Memoria y que MHMU tiene muy en cuenta.
La creación de ese espacio dedicado a la Memoria Democrática en el antiguo edificio de la Prisión Provincial de Murcia es imprescindible, según este profesor, para “evitar el olvido de un pasado que debe servir de reflexión y estudio”. Permitiría dar a conocer los estudios realizados y las bases documentales elaboradas por las asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia; acoger nuestra documentación histórica de los años 1936-1982, dispersa en archivos locales, provinciales, nacionales e internacionales; recopilar recursos bibliográficos y hemerográficos de la etapa acotada referidos a nuestra Región; establecer el Archivo de la Palabra, que recoja testimonios de represaliados y familiares de los años citados; abrir la donación de materiales a colectivos y particulares que enriquezcan nuestro patrimonio memorialista: documentación, diarios, memorias, cartas, fotos, dibujos, grabaciones fílmicas… sin olvidar otros aspectos tan interesantes como la creación de un centro de investigación de la Guerra de España, el régimen franquista y la Transición democrática, y la organización de exposiciones, jornadas, seminarios y congresos referidos a la Memoria Democrática en nuestra Región.
El profesor Egea nos refiere una relación de fuentes documentales que se podrían recuperar. Entre otras, y sin ánimo de ser exhaustivo, las dispersas en el Fondo del Ministerio del Interior del Archivo Histórico Nacional, referidas a expedientes policiales abiertos hasta la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977; los expedientes personales de actividades políticas y sindicales, de Responsabilidades Políticas y de depuración de maestros y maestras, del Archivo General de la Administración del Estado de Alcalá de Henares; la actuación del Tribunal Popular de Cartagena, cuyos datos custodia el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca…
Otros datos históricos referidos a la Memoria Democrática en nuestra Región que habría que ubicar aquí se hallan custodiados en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Congreso de los Diputados, y General de la Marina Álvaro de Bazán; y en los archivos militares de Ávila, Segovia, Guadalajara, del Ejército del Aire… sin olvidar los archivos provinciales, especialmente el Archivo General de la Región de Murcia, y los archivos locales existentes en la Región.
