Que la judicatura está al servicio de los ciudadanos es incuestionable. Como también lo es que para ello deben estar al día de las necesidades que van surgiendo con el trascurso de las exigencias sociales. Y lo último en esta materia, es lo que se encuentra previsto para la nueva hornada de estos profesionales para el año 2022-23. La Escuela Judicial, por la que todos aquellos que aprueban la oposición a jueces deben pasar y aprobar, antes de incorporarse a sus destinos, se propone impartir una serie de seminarios para adaptarse a las nuevas leyes que próximamente pueden ser aprobadas, como es la de Garantía Integral de Libertad Sexual («solo sí es sí»), o la Ley Trans (que permitirá a cualquier persona cambiar de sexo con solo firmar un documento ante un funcionario). Esos seminarios, esencialmente serán cuatro: la transexualidad, el enjuiciamiento con perspectiva de género, la superación de estereotipos de género en el ejercicio de la jurisdicción, y la violencia de género con arreglo al Convenio de Estambul, que comprende la violencia física, psicológica y sexual, la mutilación genital femenina, el acoso, el matrimonio, el aborto y la esterilización forzados.
Pero eso no es todo, también a otros ministerios, la política de igualdad de género, está llegando. Así, el de Exteriores ha editado una guía de política feminista, con un programa de atención a víctimas españolas de violencia de género en el extranjero. También recomienda a los diplomáticos que utilicen un lenguaje inclusivo (el mismo que la RAE desaprueba) y que las embajadas celebren días señalados como el Internacional de la Mujer o el del Orgullo LGTBI (salvo en los países árabes). Y en el Ministerio de Educación se premiará aquellos proyectos de innovación que animen a las mujeres a realizar estudios científicos y a los hombres que elijan profesiones relacionadas con los cuidados y el ámbito social.
Aún más, incluso en el ámbito privado se tiene previsto por este Gobierno que en un futuro se exija a sus empresas contratistas que al menos una vez al año lleven a cabo una sensibilización en materia de igualdad y conciliación a los trabajadores.
Quitando que la denominación de jueces feministas, conservadores, progresistas, alineándolos con las derechas o las izquierdas políticas, siempre me ha parecido inadecuado, pues la independencia judicial (lo más sagrado que se tiene) debería impedir un encasillado ‘a priori’ en una u otra postura personal ante la vida, ya que el ejercicio de la profesión no exige más que dos cosas. Una, que existan pruebas y otra que conforme a ellas se aplique la ley (y si acaso también la equidad) en sus resoluciones. Solamente, en mi opinión debería hablarse de jueces especializados, en una u otra materia específica, como familia, violencia de género, mercantil, civil, penal, contencioso administrativo, laboral, vigilancia penitenciaria, etc. Y para ello, en muchos casos, existe una especie de oposición interna que requiere superar las pruebas que esa determinada materia judicial precisa
En cualquier caso, bienvenida sea toda preparación que reciban los jueces y cualquier otro profesional, para que pueda afrontar con acierto las nuevas exigencias de la sociedad, aunque mejor sería no ponerle un adjetivo calificativo que pudiera hacer pensar que los demás no lo son. Solamente una reflexión más. Si no se proporcionan medios materiales en la práctica diaria para ello, estaremos ante un brindis al sol.
