Y yo que pensé que no iba a escribir más sobre la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí estoy nuevamente tratando de explicar lo inexplicable, porque la actualidad lo exige. Actualidad reflejada en tres puntos. Uno, que ya han pasado más de mil días desde que debían haber sido renovados, y todo el mundo lo ha recordado. Dos, porque la Unión Europea, por enésima vez nos ha metido el dedo en el ojo. Y tres, porque el Jefe del Estado, en la apertura de este año judicial, lo ha oído de primera oreja, de la boca discursiva del presidente de dicho Consejo.

En cuanto a la primera cuestión, mi posición es tan clara como histórica. Los jueces deben elegir a sus representantes en el Consejo, al menos en más del 50%, en aras a garantizar una total independencia judicial, pero para ello es preciso modificar las leyes. Por eso no entiendo la postura del PP cuando sin esa modificación legal pretende que no se renueve el Consejo si no se nombran sus miembros por los jueces o que en el mismo no se siente partidarios de Podemos, cuando se encuentran en el Gobierno de la nación y en el Congreso de los Diputados. Los mal pensados sostienen que como en la actualidad en el Consejo existe una mayoría conservadora, no les interesa renovar.

Sea como sea, lo cierto son dos cosas. Por una parte, que el PP tiene razón en que los jueces deberían tener mucha más participación en el nombramiento de sus representantes gubernativos. Y por otra parte, no tienen razón en no ponerse de acuerdo para renovar el Consejo, pues para mantener su propuesta es preciso modificar la ley antes. El caso es que más de mil días y todos en prórroga de funciones, incluidos algunos presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales, como los dos de la Región de Murcia. El Consejo no sabe muy bien qué hacer, si seguir con su política de nombramientos o dejar que todo esto se caiga por su peso.

Entretanto, y entro en el segundo punto, Europa, gracias a este desconcierto y al flaco favor que nos hace la demagogia de los Puigdemont y compañía, considera que España y Polonia son los peores miembros de la Unión Europea en independencia del CGPJ, pues son los países que tienen mayor peso en el Parlamento para el nombramiento de este órgano gubernativo de los jueces y magistrados, ya que otros Estados se limitan a validar las propuestas de los propios jueces.

En España, la Constitución, en su artículo 122, recoge que el Consejo se renueva cada cinco años, y está formado por un presidente y veinte miembros. Doce elegidos entre jueces y magistrados, y de los otros ocho, cuatro a propuesta del Congreso y otros cuatro del Senado, con mayoría de tres quintas partes de sus miembros entre abogados y juristas de reconocido prestigio.

En 1980 la ley dejaba la elección de los doce vocales que la Constitución no atribuye especialmente a Congreso y Senado, en manos de jueces y magistrados, que los elegían de forma directa, personal, igual y secreta. En 1985 el PSOE modificó la ley y todos los vocales, pasaron a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Es decir, politización total. Pero como esta ley está en vigor, será preciso su aplicación en tanto no se modifique, que es lo que le quita la razón al PP.

La tercera cuestión es lo dicho en la apertura del año judicial por unos y por otros. Veamos: Lesmes dice que la lucha partidista pone al Consejo en una situación insostenible. Llop, se abre a una reforma legal, pero después de renovarlo. Finalmente, Casado dice que está dispuesto a la renovación si se reforma la ley a la vez. Se ve que no se fía de Sánchez. No sé por qué.