Nuestra Región cuenta ya con una nueva Ley de Servicios Sociales, una de las más importantes de la presente legislatura. Se trata de una norma necesaria y esperada, que sitúa a nuestra Comunidad entre las primeras autonomías en reconocimiento de derechos sociales.
Nuestro empeño siempre es mejorar la calidad de vida de los más vulnerables o en riesgo de exclusión social. Esta nueva norma, catalogada de tercera generación, sitúa a las personas en el centro del sistema, garantizando las prestaciones básicas con un acceso universal. Nuestro compromiso desde que asumimos competencias en el Gobierno regional siempre ha sido con los habitantes de la Región de Murcia, por ello, uno de los objetivos que nos marcamos fue dotar a nuestra Comunidad de un marco legislativo acorde con el presente, pero también capaz de afrontar los retos futuros.
La pandemia sacó a la luz las debilidades del sistema, y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la Atención Primaria, la digitalización y la coordinación con la Administración local, normalizando la regulación territorial y la distribución de competencias entre las Administraciones.
Estamos ante una Ley de Servicios Sociales que establece unos derechos subjetivos, que supera la mirada asistencial clásica y que dará respuesta a la necesidad de convertir el sistema público de servicios sociales en un modelo basado en la equidad y la igualdad real y efectiva.
Nuestra finalidad es no dejar a nadie atrás y situar a las personas en el centro del sistema. Así, el texto reconoce específicamente el derecho subjetivo a las prestaciones, establece las figuras de la historia social única, la tarjeta social o el profesional de referencia, medidas que permitirán una mejor atención integral. Además, se define el catálogo de las prestaciones y servicios que se integran en el sistema de servicios sociales, destacando aquí la renta básica de inserción, las ayudas a víctimas de violencia de género o las establecidas para la Atención Temprana dirigidas a niños de hasta seis años con discapacidad o con riesgo de padecerla. Todo ello garantizado con la financiación necesaria, siempre en el marco de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El equipo liderado por la consejera de Política Social, Isabel Franco, ha obtenido un texto que es fruto de una amplia participación y el consenso social, años de trabajo que ha logrado además un amplio apoyo del arco parlamentario, uno de los mayores de lo que llevamos de legislatura.
La puesta en marcha de esta ley supondrá una mejora en las políticas sociales regionales. Este grupo parlamentario está comprometido con las personas, con los ciudadanos, porque nuestro deber como servidores públicos es para con ellos. Así, para mejorar su calidad de vida, seguiremos siempre en ese camino.
