La agresión xenófoba en una cola del economato de Cáritas en Cartagena y especialmente el acto criminal del Puerto de Mazarrón que acabó con la vida de Younes Bilal, ocurre en un contexto de deshumanización de la población migrante, construido a lo largo de años en esta Región. Estos hechos han supuesto un duro golpe en la conciencia individual y colectiva de la ciudadanía, visibilizando en toda su crudeza, las terribles consecuencias que tiene mirar para otro lado mientras el discurso de odio es cada vez más visible en la vida cotidiana, en los lugares de ocio, en las reuniones sociales, en el ámbito laboral…
Tras la reaparición de la ultraderecha en el panorama político español, las demostraciones públicas contra colectivos vulnerables es constante. Aprovechan su presencia en las instituciones para condicionar las políticas y los presupuestos públicos imponiendo políticas en contra de los que no comparten su ideología. Fomentan medidas que no formaban parte de la agenda política ni de la preocupación ciudadana hasta ahora, como el negacionismo de los asesinatos machistas, contra las personas gays, lesbianas y transexuales así como la educación afectivo sexual en las aulas, el acoso y criminalización de los menores extranjeros que están solos, el odio a los extranjeros que se juegan la vida cruzando el mediterráneo…
Utilizan las redes sociales como altavoz para sus publicaciones xenófobas y machistas que funcionan a base de noticias falsas y cadenas de mensajes entre sus seguidores cada vez más beligerantes en el espacio público, que extienden, a base de ignorancia y mentiras, su ideología machista, racista y xenófoba.
El crimen de Mazarrón ocurre en este contexto de deshumanización de la población extranjera, de rechazo de aquellos que difieren de los valores culturales que la extrema derecha ha construido a lo largo de los últimos años y que corroen nuestro sistema de convivencia con actos hostiles.
Otros ejemplos de ello son: el cóctel molotov colocado, hace apenas unos meses, en la puerta de una mezquita, en San Javier, con una pintada donde se podía leer ‘muerte al islam’; las movilizaciones promovidas en las puertas de las casas de acogida de inmigrantes, instalación de un artefacto explosivo simulado en la puerta de un centro de menores, movilizaciones de vecinos que responsabilizan de la inseguridad a los extranjeros o que impiden que se instale un centro cultural islámico en el barrio; o, como el pasado verano, un empresario del campo dejó abandonado a Eleazar Blandón, un hombre nicaragüense que trabajaba en el campo de Lorca, que acabó muriendode un golpe de calor, tirado a la puerta de un centro de salud… En los últimos años se vienen repitiendo muchos casos similares, pero parece que hay vidas que no importan.
Un hecho trágico, como fue el asesinato racista de Younes o el ataque xenófobo que casi le cuesta la vida a Lili, debería de haber tenido una reacción contundente, de rechazo y de condena, por parte de las autoridades institucionales y políticas en la Región así como de los órganos de representación democrática locales y regionales. Se trata de actos horribles que no pueden ser tratados como si fueran hechos aislados, ya que todas sabemos que estos ejemplos ponen de manifiesto que la Región es caldo de cultivo para que se produzcan crímenes de odio.
Todo esto debe provocar un desprecio contundente, un cambio en cómo actuamos ante el racismo cotidiano y una apuesta por una convivencia respetuosa basada en los valores de paz y solidaridad. La gente se siente insegura y cansada de no sentirse arropada. Vivir en estas condiciones y saber que las instituciones no te protegen, porque están pendientes del voto de la extrema derecha es un drama.
Es urgente contrarrestar esta situación con la puesta en práctica de políticas sociales que eliminen las desigualdades y los discursos de odio, la hostilidad al diferente, sobre todo hacia las personas y los colectivos de migrantes, especialmente musulmanes. Es apremiante implementar políticas de cohesión social, que respeten los derechos humanos de todas las personas, que permitan una escolarización en condiciones adecuadas, que se respeten los derechos laborales, que no se persiga el desarrollo de las creencias culturales, religiosas...
Son necesarias medidas que venzan las políticas del miedo, políticas que persigan a quienes están acosando con discursos racistas. Nuestra sociedad debe hacer el esfuerzo de vivir y convivir.
El respeto por la diversidad cultural es un compromiso diario que se construye, pero su premisa es no excluir, ni apartar, ni segregar. La historia del racismo está llena de deshumanización de las personas diferentes. Es una vieja estrategia que llevan a cabo los partidos y grupos totalitarios. Pensábamos que era imposible que se pudiera asesinar por odio, y ya se asesina por odio en la Región de Murcia. Como no seamos conscientes del salto mortal que se ha dado con este asesinato, seguiremos viviendo en el futuro episodios brutales y esta pesadilla se repetirá.
Por ello frente a un asesinato racista no podemos comportarnos como si nada hubiera ocurrido, la sociedad no debe quedar al margen de la gravedad de estos hechos si queremos construir una comunidad inclusiva y segura para todas.
Y debemos asumir cierta responsabilidad moral por todo lo sucedido, pues en la medida que se identifican las causas y asumimos esa responsabilidad moral, podremos definir nuestras relaciones solidarias para que nos permitan, e incluso obliguen, a compartir el sufrimiento de los demás como propio y nos ayude a construir un futuro de convivencia en paz.
