El artículo 142 de la Constitución española lo deja muy claro: los Ayuntamientos se financian con los ingresos propios, la participación en los ingresos del Estado y en los de las Comunidades autónomas. Esto es así en la práctica totalidad de las regiones, pero no en la nuestra. El Gobierno regional nunca ha querido atender este mandato constitucional, que los Ayuntamientos y el PSOE le venimos reclamando desde hace años.

Estuvimos a punto de conseguirlo al final de la anterior legislatura, los negociadores del PSOE, Cs, Podemos y PP llegamos a acordar un texto de ley, que el presidente López Miras desautorizó. Si el Gobierno regional sigue ignorando este precepto legal, no quedará más remedio que recurrir al Tribunal Constitucional para obligar a presidente regional a cumplir la Constitución.

Los Ayuntamientos sí que participan en los ingresos del Estado, todos reciben cada año una cantidad importante del total de sus ingresos vinculada al Sistema de Financiación de las Entidades Locales. Además, el Estado financia el funcionamiento de las 52 Diputaciones provinciales, a la Región de Murcia con entre 216 y 230 millones de euros cada año. En las uniprovinciales, son las Comunidades autónomas las que asumen estas competencias. Es decir, es el Gobierno regional el que recibe esos millones que debería destinar a los Ayuntamientos, tal y como ocurre en el resto de España. Sin embargo, no lo hace, incumpliendo el destino de una financiación que es finalista.

Las alcaldesas y los alcaldes siempre hemos sido conscientes de representar a la Administración pública más cercana a la gente, la que mejor conoce sus necesidades y problemas. Por ello, con el paso de los años los Ayuntamientos han ido asumiendo competencias propias de la Comunidad autónoma en servicios sociales, sanidad y educación fundamentalmente. Competencias que la Ley obliga a financiar íntegramente. Pero, también en esto, el Gobierno regional incumple. El pago de estas competencias impropias le genera los Ayuntamientos un déficit anual superior a los 150 millones, al de Murcia más de cuarenta millones de euros.

Al señor López Miras y a sus consejeras y consejeros se les llena la boca de municipalismo, pero la realidad demuestra que solo es palabrería. Que este es un Gobierno que ni cree ni coopera con las corporaciones locales, más bien incumple sus obligaciones legales y los abandona. Solo el 1,77% del proyecto de presupuesto de la CARM no financiero (sin contabilizar los más de 1.370 millones de euros destinados a pagar préstamos) se destina a los Ayuntamientos, en el año 2020 fue el 1,99%. Esto es lo que presupuestan, lo que realmente ejecutan es bastante menos.

Esta Región es la única de España en donde se da la inédita circunstancia de que son los Ayuntamientos los que financian a la Comunidad Autónoma con casi trescientos millones de euros al año.