Uno de los nuevos conceptos que se han ido desarrollando en Filosofía Política en los últimos años ha sido el de Transparencia. Se podría definir como el derecho que tiene la ciudadanía a pedir a todas las Administraciones e instituciones públicas cualquier información y recibirla en un plazo breve y de forma clara y comprensible. Iría ligada al concepto de Gobierno Abierto en el que las decisiones tomadas son explicadas al público. Se trataría, por tanto, de una profundización de la democracia que iría en la dirección opuesta a la de los viejos poderes con sus secretos de Estado inconfesables y sus corrupciones. Por supuesto que las nuevas tecnologías facilitarían en gran medida este acceso rápido y sencillo a la información.

Aunque la práctica política de la Región de Murcia de los últimos decenios llevaría a pensar lo contrario (con 35 de los 45 municipios y dos de los tres últimos presidentes implicados en causas relacionadas con la corrupción) nuestra Región ha sido una de las pioneras en el ámbito estatal en los intentos de llevar a la práctica estas políticas de transparencia.

En abril del 2011 importantes miembros de la sociedad civil murciana presentan el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región de Murcia, en el 2014 se aprueba la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana y por fin en el 2015 se crea el Consejo de Transparencia siendo uno de los primeros que se constituyen en el ámbito estatal.

Y aquí aparece el protagonista de nuestra historia. Es nombrado presidente por unanimidad José Molina, doctor en Economía e independiente de cualquier partido (aunque había sido consejero regional de Economía y Hacienda durante los años ochenta). Su avanzada edad, 78 años en ese momento, no hacía presagiar la energía que iba a poner en el desempeño de su cargo. Desde luego debió de ser una sorpresa para la Administración regional. ¿Cómo iban a suponer que alguien en un puesto no renumerado podría poner tanto empeño? La Administración regional, y lamentablemente no es la única que practica estos simulacros, ha presentado en los últimos años planes ambiciosos de reforma que luego se quedan en el papel y entre los ejemplos más claros podrían estar los diversos planes de rehabilitación del yacimiento de San Esteban o del Mar Menor. Lo que ha ocurrido durante estos cinco años se podría resumir en la lucha entre un presidente que se toma en serio su cargo y que canaliza las peticiones de información ante una Administración que se resiste a cumplir la ley poniendo todas las trabas posibles para su realización.

El conflicto con las listas de espera de Sanidad es muy significativo. Ante la petición de la Asociación de Usuarios de la Sanidad el Consejo de Transparencia solicita al Servicio Murciano de Salud (SMS) el conocimiento de los criterios con los que se confeccionan dichas listas. La respuesta del SMS no fue tan sólo la de negarse sino que llegaron a impulsar una denuncia contra el propio Molina. Otras situaciones tensas se han dado cuando le han llegado a abrir la correspondencia o a apartarle a diferentes colaboradores.

José Molina ha superado todos los obstáculos y zancadillas y ha trabajado para extender la presencia y la actividad del organismo que preside. Uno de los ejemplos de esa expansión ha sido el Proyecto Iris, en el que he tenido la suerte de participar como docente. Durante los tres últimos años un grupo de profesoras y profesores de institutos de enseñanza media y de universidad, bajo la organización de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, hemos desarrollado un programa que tiene como objetivo difundir en las aulas de los institutos de Educación Secundaria los valores que representan la Transparencia y el Buen Gobierno. En el marco de ese programa he visto la energía que transmite Pepe Molina y que llega fácilmente al alumnado. En el último año y gracias a un convenio firmado con la Universidad de Murcia el proyecto se ha expandido en más ramas.

También se ha impulsado desde el Consejo la ampliación de la Ley de Transparencia. Lo ideal sería que el Consejo no sólo pudiera pedir información a las Administraciones sino que incluso tuviera capacidad sancionadora en el caso de que éstas no cumplieran con sus obligaciones. También se debería dotar al Consejo de competencias frente a los Ayuntamientos de la Región

El 29 de julio próximo se cumplen cinco años del nombramiento de José Molina como presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia acabando por tanto el período para el que fuera elegido en el 2015. En esa misma fecha en el orden del día de la Asamblea Regional se habría procedido al intento de elección del nuevo presidente (a última hora se ha pospuesto la elección hasta septiembre). Dado que el presidente puede seguir en funciones por un período indeterminado, ¿a qué se deben esas prisas? Está bien claro que el Gobierno regional quiere quitarse de en medio a una figura tan molesta.

¿Qué tipo de presidente del Consejo de la Transparencia necesita la Región de Murcia para los próximos años? Habría dos opciones básicas: la primera sería la representada por José Molina, es decir una figura independiente, con una aprobación por unanimidad de la Asamblea Regional que siguiera desarrollando su papel de vigilancia sobre los poderes públicos con una Ley de Transparencia perfeccionada. Para ello habría que encontrar un José Molina bis, cosa harto difícil. La segunda, y me temo que sea la opción que finalmente sea escogida, sería la de un presidente elegido sólo por la mayoría gubernamental y que se limitara a cumplir sólo en teoría las atribuciones del Consejo.