Frente a los últimos ataques de PSOE y Unidas Podemos, el presidente Fernando López Miras garantiza que la enseñanza concertada de la Región de Murcia se beneficie también de las ayudas a la reconstrucción, gracias a la decisión del Gobierno regional de distribuir tanto en la red de centros públicos como concertados la parte de los 2.000 millones de euros destinados a educación que corresponda a nuestra Región.

Una vez más, el Partido Popular actúa de dique de contención ante las acometidas, cada vez más intensas, de la izquierda contra la libertad educativa, y frena una iniciativa sectaria, discriminatoria, y muy posiblemente anticonstitucional, aprobada en el Congreso de Diputados con los votos de socialistas y podemitas, con la que se impide que la enseñanza concertada pueda recibir fondos de reconstrucción ante el coronavirus.

No nos cansamos de repetir que la educación pública es también la pública concertada. No entendemos cómo en un momento en el que todos los colegios, también los concertados, necesitan ayudas públicas para mejorar la informatización y adaptar las aulas, el Gobierno discrimine a la enseñanza concertada. Pretender dejar sin esos fondos a los colegios concertados para que afronten obras y reformas ante la crisis sanitaria supone ni más ni menos que poner en riesgo la salud de 75.000 alumnos y 6.000 profesores de estos centros escolares en nuestra comunidad autónoma.

Frente a esta política promovida por los socialistas y los representantes de Pablo Iglesias, que parece perseguir la creación de guetos en el mapa educativo regional, reafirmamos nuestro compromiso y apoyo a la enseñanza concertada. Allí donde gobierne el Partido Popular, se garantizará la libertad de elección de las familias consagrada en la Constitución española, que es muy clara en su artículo 27.3: los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres de elegir para sus hijos la educación religiosa y moral que esté conforme a sus propias convicciones.

Lo que al final defendemos es simple y llanamente la libertad, el derecho a la libre elección de centros, que es lo que avala la sociedad. Ante las limitaciones que pretende imponer la llamada 'ley Celaá', que para más inri inició su trámite en pleno Estado de Alarma, debemos dejar claro que no hay libertad si no hay posibilidad de elegir. Y la elección la hacemos los padres, que, por supuesto, no tenemos la 'propiedad' material sobre nuestros hijos (tampoco el Estado, por cierto), pero sí la patria potestad.

Defendemos un modelo de libertad educativa como el del Gobierno de Fernando López Miras, que además funciona bien: en nuestra Región, más del 95% de las familias han podido matricular a sus hijos en las escuelas que han elegido en primera opción. El compromiso del presidente López Miras es tan evidente que en la Región de Murcia también podemos presumir de ser una de las primeras comunidades autónomas donde ya se está concertando Bachillerato.

Nuestro compromiso y apoyo a la libertad de enseñanza también tiene reflejo en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que en su decidida apuesta por una educación de calidad, en un sistema donde los padres puedan ejercer el derecho de elección de centros, recogen una partida de 259 millones de euros para la enseñanza concertada y continuar su extensión a Bachillerato. Confiamos además en llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para poder dotar de estabilidad y seguridad a un colectivo como el de la educación concertada, que no se merece que continuamente se le esté poniendo en entredicho.

Limitar la libertad de elección de los padres de la educación que quieren para sus hijos es una perniciosa consecuencia de un sectarismo ideológico que no podemos aceptar. El Partido Popular va a situarse donde siempre, al lado de las familias y su derecho constitucional a decidir cómo y dónde estudian sus hijos. Como siempre, en defensa de la libertad.