Podíamos esperar cualquier cosa de un Gobierno de izquierda, menos que volviéramos a los tiempos del franquismo decadente (sí, del franquismo) y a su prohibición de despedir a los trabajadores de una empresa. Entiendo que es una medida desesperada para tiempos de desesperación, pero no deja de resultar un ejemplo más de la enfermedad que aqueja a nuestro mercado laboral y cuyo origen está en la sobreprotección del trabajador desde los tiempos de la dictadura. Ésta necesitaba desesperadamente la paz social para mantenerse en pie ante el acoso de los partidos políticos clandestinos, especialmente el PCE, y los sindicatos penetrados por sindicalistas de izquierdas, básicamente de CC OO y su estrategia de 'entrismo' o asalto subrepticio a las estructuras del sindicalismo vertical de entonces.

La primera ruina familiar que guardo en mi memoria está ligada a esa rigidez laboral de la época franquista, que afectó irremisiblemente a la viabilidad de la fábrica de forjados para la construcción de mi padre a resultas de una huelga salvaje en el sector que duró cuarenta cinco días. Fueron cuarenta y cinco días sin producir una viga y pagando íntegramente los sueldos de unos cincuenta trabajadores. La empresa de mi padre, pionera en el cálculo y fabricación de forjados planos en la Región de Murcia, nunca se repuso del agujero financiero que aquella huelga le causó, agravado por una época en que los intereses bancarios superaban ampliamente al margen empresarial.

España es un pais que destaca ampliamente en diferentes campos. Es una potencia turística mundial sin discusión, tiene un sector agroalimentario de una calidad, volumen y eficiencia sin parangón y goza de una industria de la construcción que fue capaz de producir en un año tantas viviendas nuevas como Reino Unido, Francia y Alemania juntas. Pero en lo que destaca nuestro país por encima de todos, y a una distancia inalcanzable, es en la fabricación de parados. Nuestro paro triplica normalmente a la media de la OCDE, una organización de más de treinta países en su mayoría desarrollados, tanto en tiempos de bonanza económica como en tiempos de penuria. En la Gran Crisis, nuestro país superó el 25% de paro, cuando la media de la OCDE era de un 'escandaloso' 8,5%. Ahora (después de varios años de creación de empleo a lo bestia facilitados en gran parte por la reforma laboral de Mariano Rajoy y antes de la crisis del coronavirus), estábamos en el 15%, cifra que todos nosotros firmaríamos para los meses venideros. Por comparación, la media de desempleo en la OCDE estaba en el 5,3%.

La razón de tamaño despropósito en las cifras de paro (a la que nos hemos acostumbrado por el método de la rana que se cuece en la olla porque no se da cuenta de que la temperatura crece lentamente) es un sistema afianzado por el predominio sindical y los melindres de los políticos al uso que privilegia al que ya tiene un empleo por encima de los que pugnan por entrar en el privilegiado marco de los ya contratados. Esto provoca un mercado enormemente rígido y con tres estados en los que no existe apenas transferencia: los empleados fijos, los empleados temporales y los parados. Es una situación de locos, en la que los que están fuera presionan una puerta para entrar que está permanente bloqueada por lo que están dentro, que presionan con la misma intensidad pero en dirección contraria.

Ante esta situación, que representa el status quo inamovible desde el franquismo salvo reformas parciales, el Gobierno ha tenido necesariamente que aflojar las rigideces debido a las circunstancias extraordinarias que estamos padeciendo debido al coronavirus. Así, resulta enternecedor escuchar a un miembro de la izquierda radical en el Ggobierno, defender a machamartillo una figura que los sindicatos de izquierda denostaron con furor en su momento. Me refiero, por supuesto, a la ministra de Trabajo actual, de Podemos, defendiendo los ERTE, una inteligente medida de contingencia diseñada por Fátima Báñez, del PP, la mejor ministra de Trabajo que ha conocido este país en tiempos de democracia.

Y es que la izquierda debería entender que ningún empresario despide por el placer de despedir y que la libertad para seleccionar los recursos humanos óptimos para cada situación y para cada proyecto exigen necesariamente la libertad de contratar y despedir sin ninguna cortapisa ni rigidez. Y que toda limitación a esa libertad de contratar y despedir, solo resulta en el aumento de la rigidez laboral y el aumento del paro estructural en definitiva. Solo las rigideces laborales y los costes asociados al empleo y al despido, explican por qué los países latinos (entre los que destaca España con varios cuerpos de ventaja) tienen un paro estructural que duplica como media a los países anglosajones, nórdicos y del Centro e incluso los del Este de Europa.

La ceguera de la izquierda española, y su encastillamiento en leyes laborales obsoletas, les impide ver que hay sistemas de protección social al desempleado que van mucho más allá de la prohibición de despedir, las indemnizaciones ruinosas y unos derechos de paro tan generosos que resultan muy atrayentes.

Debería ser obligado para los dirigentes políticos (especialmente los de izquierdas) estudiar los modelos que tienen en cuenta las imperfecciones y fricciones del mercado laboral desarrollados por los tres premios Nobel de Economía del año 2010: Peter Diamond, Dale Mortensen y Christopher Pissarides. Porque, y esto es lo importante, la disminución del paro y la protección social del desempleado son objetivos compartidos por toda la sociedad, empresarios, parados y empleados por igual. Las estrategias para conseguir un paro estructural menor del 5% están ahí. Y también se conocen los sistemas que combinan la flexibilidad laboral con la seguridad del empleado.

Más allá de los ERE y los ERTE (necesarios como la amputación de un miembro para que las circunstancias de mercado no acaben con la muerte de la empresa), la legislación laboral debería incorporar el Kurzarbeit alemán (el Estado se hace cargo de compensar la disminución de jornada de los trabajadores de una empresa hasta 24 meses prorrogables) y la 'mochila austríaca', por la que los empresarios ven aumentada su carga social pero no tienen que pagar indemnización en el momento del despido, y el trabajador se lleva su fondo con él al próximo empleo o a su pensión.

Ojalá que la izquierda (una vez que se ha caído del caballo con los ERTE) pudiera contemplar la flexiseguridad laboral para salir definitivamente de la trampa del mercado laboral más ineficiente del mundo. O el más eficiente en producir parados, que viene a ser lo mismo.