08 de febrero de 2020
08.02.2020
Foro Ciudadano

El insumiso impune

08.02.2020 | 13:10
El insumiso impune

Sus Gobiernos dejan a las gentes a los pies de los caballos; sin embargo, no han impuesto ni una sola multa a ningún banco por cláusulas abusivas contenidas en sus contratos hipotecarios o de otro tipo, a pesar del muy elevado número de sentencias condenatorias y de disponer de las competencias de Consumo.

El movimiento de las insumisos contra el servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria, llevó a la cárcel a cientos de jóvenes españoles a finales de los 80 del siglo pasado. Estos chicos pagaban con una condena mínima de dos años, cuatro meses y un día, lo que les garantizaba entrar en la cárcel, aunque no tuviesen antecedentes. Así de caro se les hacía pagar su coherencia e insumisión al cumplimiento de la entonces vigente ley de servicio militar obligatorio.

López Miras, insumiso al cumplimiento de la ley 10/2016 de reforma de la ley de vivienda de la Región de Murcia, no recibe en cambio castigo alguno por su insumisión. Esta ley, publicada en el BORM del 15 de junio de 2016, ordenaba al Gobierno regional aprobar los coeficientes para ponderar el riesgo de exclusión residencial de las familias, en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley (15/9/2016), y en la disposición adicional tercera ordenaba al Gobierno que en el plazo de tres meses desde la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de esta Ley, desarrollará mediante reglamento las previsiones incluidas en la presente respecto de los procedimientos de mediación, los contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre Administraciones públicas y empresas suministradoras de agua, electricidad y gas, el convenio regional de adhesión con los grandes tenedores de vivienda, así como respecto de la creación y funcionamiento de las comisiones de sobreendeudamiento.

Este plazo caducó el 15 de setiembre de 2016. La ley fue aprobada por la Asamblea Regional con los votos a favor de Cs, Podemos y PSOE y la abstención del PP. El Gobierno de Rajoy recurrió dos de sus artículos al Constitucional, lo que impedía la aplicación tan sólo de esos dos artículos, no del resto de la ley, hasta que en octubre de 2018, el TC determinó que ésta era plenamente constitucional, rechazando el recurso.

Desde setiembre de 2016, han pasado tres años y medio, dos presidentes (Pedro Antonio Sánchez, hasta que en abril de 2017 tuvo que dimitir por corrupción, y el actual insumiso López Miras), tres consejeros (Rivera, que constituyó el Consejo Regional de Vivienda con todos menos la ciudadanía; Valverde, que llegó a publicar un disparatado borrador de reglamento, y ahora Díez de Revenga, que sigue la estela). En mayo de 2018, los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Molina, Alhama, Totana y Moratalla aprobaron mociones en las que reclamaban al Gobierno regional el cumplimiento y desarrollo de la ley, sin éxito. También el Defensor del Pueblo ha pedido explicaciones, y nada. También en noviembre de 2018, el Pleno de la Asamblea Regional, por unanimidad, mandató al Gobierno a aprobar el reglamento de forma participativa, pero ni ha aprobado ni dado participación. Es esa contumacia en el incumplimiento de la ley lo que me permite calificar a López Miras de insumiso.

Ya sabemos que a López Miras no le acarrea ninguna consecuencia negativa su incumplimiento, pero a las familias murcianas vulnerables sí; además del tiempo, los presidentes y consejeros transcurridos, en la región se han producido 9.439 desahucios, a falta de conocer los del cuarto trimestre de 2019, lo que nos puede llevar a en torno a los 10.000. Los desahuciadores (bancos, fondos buitre, etc.) podrían haberse visto obligados a ofrecer alquiler social a las familias si el Gobierno hubiera negociado el convenio y aprobado los reglamentos, lo que habría reducido considerablemente el número de desahucios. Tampoco se ha creado la Comisión de sobreendeudamiento ni se ha integrado a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH, en ninguno de los órganos que la ley mandata, aunque desde el Servicio de Mediación Hipotecaria sí nos remiten a la PAH a familias vulnerables para que les solucionemos los problemas que ellos no pueden, de ahí sale el número de desahucios parados que periódicamente se atribuyen como éxito propio.

También se han producido un incontable número de cortes de suministro eléctrico por impago, y sin la consulta previa a los Servicios Sociales que la ley impone. El Gobierno trata de paliar pagando algunos recibos, hasta agotar el presupuesto, en lugar de negociar con las suministradoras el convenio que debiera implicarlas en dichos pagos, lo que permitiría más recursos y más familias beneficiadas.

López Miras y sus Gobiernos dejan a las gentes a los pies de los caballos; sin embargo, no han impuesto ni una sola multa a ningún banco por cláusulas abusivas contenidas en sus contratos hipotecarios o de otro tipo, a pesar del muy elevado número de sentencias condenatorias y de tener las competencias de consumo.

Hasta hace poco, la insumisión era sólo de López Miras y el PP, pero ahora en el Gobierno regional también esta Ciudadanos, que en su día votó la ley, pero que hasta ahora siguen 'sufriendo' en silencio su incumplimiento ¿Hasta cuándo callados?

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