Dice el refrán que en palacio las cosas van despacio, y España es un país palaciego, donde la nobleza está sustituida por la tibieza, y los camerarios reales por los funcionarios administracionales. En este país puede gobernar la corona, la dictadura o la república, es igual, somos los últimos de todos los países del entorno occidental en hacer las cosas que hay que hacer, y siempre esperamos a que alguien por encima enarbole las sanciones para empezar a sacudirnos la pereza nacional de la que estamos revestidos. No sé si fue León Felipe quien nos comparaba con el México de Europa, pero sí, somos lerdos y lentos en estar en lo que debemos de estar.

Este Gobierno, en cuanto acabe su funcionalidad, quiere dar un impulso definitivo a la mediación poniéndola a funcionar a marchas forzadas? El Consejo General del Poder Judicial ha puesto ya los divorcios y los monitorios en manos de los mediadores, y en ciertos asuntos civiles y mercantiles lo será obligatoriamente más pronto que tarde, antes de pasar a manos de un juez. Los juicios de faltas ya han sido eliminados de los juzgados de paz, y los propios juzgados de paz andan sus últimos pasos en los pueblos. En cuanto les quiten sus competencias en materia de Registro Civil, que será lo próximo, quedarán como meras oficinas de auxilio judicial, para luego ya encaminarse a su definitiva desaparición. Recientemente se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación, y la Justicia se da un plazo máximo de dos años, tras su publicación en el BOE, para dar tiempo a que hayan mediadores profesionales en todos los partidos judiciales del España. Se prevé, según la ministra, Dolores Delgado, un tirón importante.

A nivel de Formación de profesionales de la mediación, la cosa no se pone fácil. «En el plazo de un año desde la publicación de la Ley, se prevé la modificación de los planes formativos del grado de Derecho, así como de otros afines, para incluir la asignatura de Mediación como obligatoria». Mediación acabará siendo un grado universitario, con todas sus exigencias implícitas. Eso quiere decir que los que quieren formarse (y hacen falta bastantes más de los ya formados) como tales, en condiciones mucho más livianas y cómodas, les queda un cada vez más corto plazo para poder hacerlo bajo título avalado por la Escuela Nacional de Mediadores y el propio ministerio de Justicia. Los plazos se reducen y las oportunidades cada vez son menores. Sensiblemente menores. Nuestras primeras prospecciones es que de los ya formados, muchos están colocados y no se están apuntando a las posibilidades de trabajar, lo que deja libre muchas oportunidades de hacerlo a otros que aún se formen. Desde la Escuela Regional de Formación y Estudios de la Mediación se es consciente de que, en este caso, la somnolencia de las administraciones locales y regionales es contagiosa a la ciudadanía, que no constatan la inminencia de tal necesidad. Los ciudadanos están precisando de mediación y aún lo ignoran porque no han sido informados de ello. Como los interesados en ser formados aún no han sido despertados. Pero el reloj sigue su curso, indefectiblemente. La buena noticia, esperanzadora al menos, reside en el servicio al público en materia de resolución de conflictos. Es muy posible (recalco lo de posible, si se cuenta con profesionales suficientes que se sumen al proyecto) que en el centro geográfico regional y de la Comarca del Campo de Cartagena, equidistante de cualquier punto, pueda abrir un CIM (Centro Integral de Mediación), con la colaboración de una empresa relacionada con la naturaleza del servicio, y la integración básica de los propios mediadores, desde donde podrán ejercer profesionalmente, o incluso preferencialmente. La dotación de mediadores profesionales a nivel comarcal puede ser suficiente de inicio, si bien escasa? A nivel de región, sin embargo, es claramente insuficiente para la labor que debe asumirse en esta materia, dada la sobrecarga que ahoga a los Juzgados, debido, precisamente, a esta lentitud en tomar posiciones.

Lo que ocurre es que, en este caso, y ante la ignorancia supina y casi absoluta que existe entre la ciudadanía sobre tal demanda, ocurrirá en una explosión gradual y expansiva, con una espiral ascendente rapidísima. La gente empezará, cuando presente sus casos a la Justicia, a ser derivadas a mediación, casi que de golpe y porrazo, y aparecerá una realidad nueva para la que no se le ha preparado y de la que no ha sido informada, por inacción de los que debían haberlo previsto, pues avisados sí que están con tiempo sobrado.