Hay que transmitir credibilidad y a la vez humanidad. Esta es la fórmula que aconsejan los manuales de psicología para ganarse la confianza de las personas una vez que estas la han perdido y es necesario volver a normalizar y restablecer ese vínculo de esperanza en que las cosas saldrán como se han reclamado.

De esa fórmula, el actual delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, ya ha demostrado en su visita a las vías del tren que tiene humanidad. Y lo ha hecho tirando de su fondo de armario de alcalde (antes de secretario regional de los socialistas ha sido primer edil de Alhama), el cargo público más cercano a los ciudadanos y que mejor sabe escuchar.

Su antecesor en ese puesto, Francisco Bernabé, también inició su carrera política en un consistorio aunque, desde luego, tal y como actuó con los vecinos de la zona sur no parece que aprendiera cómo tratar a las personas cuando muestran desacuerdo. Acabó imponiendo un estado policial en los arrabales de la estación del Carmen que lejos de pacificar la zona lo que hizo fue exaltar más los ánimos.

Conesa ha ganado un primer punto ante los prosoterramiento, pero no debe quedar deslumbrado por esa primera visita en la que le alabaron su presencia. Le queda lo más difícil. Ganarse la credibilidad y el respeto de los vecinos del sur. El delegado del Gobierno pidió a los ciudadanos reiteradamente que confiaran en él con el objetivo de cumplir el convenio de 2006 y que el AVE no llegue en superficie a la estación del Carmen.

El nuevo delegado se ha reunido ya con Aldesa, la empresa que lleva las obras, y ha retirado a la Policía de las vías. La clave está ahora en la catenaria, ya que los trabajos continúan y el siguiente paso, en función del contrato adjudicado hace un tiempo, es su instalación. Si se coloca ese cable de 25.000 voltios en las vías será la prueba inequívoca de que el AVE llegará en superficie al Carmen.

Los vecinos, tras el subidón que supuso el paseo del delegado por el muro, están actualmente con la mosca detrás de la oreja. Dos hechos les han bajado de un plumazo la adrenalina. Por un lado, la resolución de la Asamblea Regional, a propuesta del PSOE, en la que no se dice explícitamente que la alta velocidad no entrará en superficie, al contrario de la propuesta inicial, un retoque que muchos achacan a las presiones de la patronal CROEM y a la necesidad de que Cs se sumara al acuerdo para dejar en solitario al PP. Y por otro lado la actitud de los empresarios que exigen a toda costa un tren rápido como sea y en las condiciones que sean.

Los socialistas que, hasta última hora, no han virado su mirada hacia los vecinos deben aguantar el tirón y no ceder ante la patronal que tiene como líder a un empresario que pidió el voto en las elecciones de 2015 para el candidato popular a la Comunidad Autónoma, el ahora imputado Pedro Antonio Sánchez. Parece que Diego Conesa lo tiene claro, pero los vecinos del sur se preguntan si el delegado del Gobierno es de fiar o sucumbirá a los parlamentarios murcianos de su propio grupo y a las presiones de una organización que nunca antes había reivindicado con tanta virulencia un tren que partirá en dos la ciudad y que no supondrá ningún avance sustancial en el ferrocarril de esta Región, anclado en el siglo pasado. Por nadie pase.

Sin moción contra Micol. El PP parece que ha dado marcha atrás en su intención de presentar una moción en el pleno de este jueves para que la concejala de Ahora Murcia, Ángeles Moreno Micol, aclare las condiciones en las que construyó su casa. Tras la polémica, el portavoz popular en el Ayuntamiento se despachó a gusto. Jesús Pacheco dijo, a principios de mes en un improvisado canutazo, que Moreno Micol «debe aclarar, en primer lugar, si defraudó a las arcas municipales durante, al menos, cuatro años, lo que se confirma por el hecho de que tuvo que abonar en 2014 los recibos del IBI de ese ejercicio y de cuatro anteriores. Eso se llama engañar al Ayuntamiento, lo que le deslegitima ahora en su labor como concejala». Acto seguido, propuso su dimisión. Sin embargo, los populares no han cumplido su amenaza de moción. Puede que haya influido el hecho de que el grupo de oposición haya comenzado a pedir papeles sobre el patrimonio de los concejales del Gobierno local.