3-XII-2010, comienzo del puente de la Constitución. Los controladores aéreos de AENA empezaron a cursar bajas por indisposición incompatible con el puesto de trabajo. El caos terminó con el cierre del espacio en todo el Estado. Fue un conflicto anunciado en el que el ministro de Fomento, José Blanco, ya había tomado partido al denunciar los sueldos escandalosos que cobraban los controladores aéreos. Al parecer, su nómina de ministro era inferior a la de cualquier controlador de un aeropuerto fantasma.
La solución fue declarar el estado de alarma con un Decreto que era francamente contrario a la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Ésta exigía que la paralización de un servicio público esencial debía concurrir, bien con una catástrofe tal como terremotos, inundaciones, incendios forestales o urbanos, o accidentes de gran magnitud; bien con una crisis sanitaria, bien con una situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Más de un catedrático de Derecho Constitucional señaló la ilegalidad de la medida, pues la paralización del servicio público no concurría con ninguna otra situación de las necesarias legalmente. Pero el Gobierno, con esa interpretación de la ley que da la nula comprensión lectora, entendió que el cierre del espacio aéreo era en sí misma una catástrofe natural. No hubiera pasado un examen de Derecho.
La otra perla de aquella declaración que sacó las castañas del fuego a AENA, fue la militarización del personal de control aéreo que, sin posibilidad de hacer objeción de conciencia, se vio sometido al código penal militar. Si ello no es inconstitucional, convendrás conmigo, paciente lector, que el conflicto laboral de una empresa privada con sus trabajadores no puede resolverse por la vía de la aplicación de la ley marcial, al menos en una democracia que se precie.
AENA es una empresa privada de capital mayoritariamente público, como otras de gestión de servicios públicos. Pero su naturaleza mercantil la aleja del espíritu que prevalece en la Administración Pública, que es la consecución y defensa del interés general, postergado por el que le da su forma societaria, para la cual es substancial el ánimo de lucro.
Hoy surge la polémica con la empresa concesionaria de la seguridad aeroportuaria. Los trabajadores de las empresas subcontratistas plantean el conflicto en el aeropuerto de El Prat. La incapacidad mediadora de la Generalitat se pone en evidencia y recurre al Ministerio para que la Guardia Civil sustituya a los trabajadores en huelga. ¡Bravo, ya no será necesario militarizar a los trabajadores, porque son militares! El Ministerio de Fomento convoca un arbitraje obligatorio. De nuevo el Gobierno en socorro de AENA. Lo paradójico del caso es la Guardia Civil, tan denostada por los independentistas, encargada de resolver el desaguisado, para oprobio de la antimilitarista Ada Colau.
No entro en quién tiene razón según el Derecho Laboral, aunque he de apuntar que los sindicatos denuncian a las empresas subcontratistas por incumplir las retribuciones pactadas en el convenio colectivo. Si es así, el arbitraje obligatorio debería estar resuelto en una mañana. Pero esta crítica pretende ser un análisis político.
La seguridad aeroportuaria es un servicio público. La concesionaria AENA es una sociedad anónima que presume de ser el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros y reconocida como empresa excelente y socialmente responsable -aena.es, sic-. Luego algo falla cuando tiene que recurrir, una vez más, al Gobierno para resolver los problemas laborales de sus subcontratistas.
En tiempos de la revolución industrial, las condiciones de trabajo eran una patente explotación de los trabajadores en condiciones sumamente onerosas, cuando la jornada de ocho horas era una quimera, el trabajo infantil era moneda corriente, no existía la seguridad social, ni la asistencia sanitaria y se pagaban sueldos de miseria. El recurso a la huelga era poco menos que una declaración de guerra. Las empresas recurrían a la contratación de esquiroles de otras poblaciones y las fuerzas del orden público se empleaban a fondo contra los piquetes. Nos sentimos afortunados de las conquistas sociales logradas, pero los poderes públicos siguen del lado de la empresa. AENA fracasa en su gestión de las subcontratas y no recurre a esquiroles, sino directamente a la Guardia Civil. Sí, es cierto que una función de ésta es la protección de las fronteras y de la seguridad aeroportuaria. Sin embargo, un lumbreras ministril concibió una ocasión magnífica para favorecer a sus amigos privatizando servicios públicos esenciales. Ahora, cuando se les va de las manos a los que dirigen el gran negocio de los aeropuertos, recurren de nuevo al Gobierno.
¿Qué concepto de liberalismo tiene el partido que se autoproclama liberal? Alguien oyó que aquel propugnaba el estado policial, no intervencionista, que sólo debía cuidar del orden público y de garantizar la libertad del individuo. Pero entendió estado policial, intervencionista, velador de un particular orden y garantista de la libertad de las empresas.
La subcontratista del aeropuerto del Prat es EULEN, en sus inicios, una empresa de limpieza. Usa como logotipo un tetradracma, la moneda ateniense acuñada con la lechuza, animal alegórico de Atenea. La diosa virgen como símbolo de la pureza y la pulcritud es una hermosa metáfora. Lástima que la lechuza simbolice ahora la rapacería. La diosa de la sabiduría hace mucho que abandonó estas tierras y dejó de iluminar a los arcontes de la polis.
