La Ley de Contratos de Estado, de aplicación universal en todo nuestro territorio, no considera administrativamente entregada una obra hasta una vez devuelta la fianza exigida al contratista de la obra. En el caso del Auditorio de Puerto Lumbreras tal circunstancia no se ha producido. Se practicó la recepción de las obras terminadas de un proyecto modificado cuyo importe, según el perito judicial, resultó ser exactamente el de la subvención recibida. Para finalizar las obras completas falta un dinero que no estuvo disponible. La presunción de inocencia, descaradamente despreciada por Podemos y PSOE, debería aceptar que ´todo el dinero de la subvención está en la obra´, pues en todo caso los posibles errores administrativos nunca tendrían relevancia penal. La intención sectaria de encontrar corrupción política, en este caso, no irá más allá del fracaso. Una vez más (¿14, 15?).
