Las conclusiones del informe Análisis y perspectivas 2016 realizado por la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) para Cáritas, acaba de indicar la situación de pobreza crónica de nuestro país, en el que hay un millón de menores, amenazando a tres millones más, viviendo la pobreza con vergüenza, en silencio y con tristeza. La conclusión más llamativa del informe es que la desigualdad, la pobreza y el desempleo están creando una España a dos velocidades. Según el informe, la crisis ha generado un proceso de divergencia entre las distintas Comunidades autónomas, creándose así una situación invisible para gran parte de la sociedad.

Esas diferencias se sustentan en cuatro ejes. El primero, las diferencias entre el norte y el sur, que no dejan de aumentar; el segundo factor radica en la ´débil recuperación´ del empleo, que crece a un ritmo muy alejado del necesario para impulsar una reducción intensa de la pobreza y la desigualdad; en tercer lugar, señala que «las diferencias regionales de la pobreza apuntan a una salida divergente de la crisis»; y, por último, apunta que, a pesar de los años de recuperación económica, la situación de salida para el conjunto de las Comunidades autónomas ofrece una ´peor situación´ respecto a los datos recogidos en el año 2009 en el primer impacto de la crisis.

El informe aporta, además, otros datos alarmantes con respecto a 2009: los ingresos de los hogares han caído desde el primer impacto de la crisis cerca de un 10%. En cuanto a la pobreza, en el conjunto nacional el aumento anual medio es del 9% si se toma como referencia el umbral del año 2009. De hecho, el número de trabajadores pobres alcanza en España la inaceptable cifra del 15%. Es decir, una de cada seis personas que trabajan en España son pobres. La situación de los parados es sensiblemente peor: la tasa de pobreza entre las personas sin trabajo alcanza el 44,8%. Cáritas insta a las fuerzas políticas a destinar 10.000 millones de euros para establecer una renta garantizada con el objetivo de proteger a tres grupos sociales vulnerables: los hogares en pobreza severa, los trabajadores pobres y las familias con hijos a cargo.

La Fundación Foessa indica una amplia agenda de políticas públicas prioritarias para rescatar, en términos sociales, a las personas más excluidas como consecuencia de la recesión. En el informe se alerta sobre la necesidad urgente de acometer en nuestro país una revisión completa del sistema de protección social y una inversión de recursos mucho mayor que la actual. En su opinión, es imprescindible situar la reducción de la pobreza como un objetivo explícito de un proceso de ´recuperación inclusiva´ que permita aprovechar una eventual recuperación económica en beneficio de los más débiles. La agenda de políticas públicas que propone Foessa plantea cuatro líneas de actuación: políticas de carácter estructural, políticas especializadas, políticas de apoyo y políticas personalizadas.

Políticas de carácter estructural son aquellas dirigidas a reducir las tasas más elevadas de pobreza y exclusión, y a erradicar sus raíces de carácter estructural. Para ello, el objetivo básico pasa por establecer unos ´mínimos vitales´ irrenunciables, que deben estar garantizados por el Estado para toda la población. Para alcanzar ese objetivo se necesitarían medidas como la modificación del artículo 135 de la Constitución para subordinar cualquier otro componente del gasto público a la garantía de satisfacción de esos mínimos vitales, o reordenar el conjunto de prestaciones no contributivas, tanto de la Seguridad Social como de las Comunidades Autónomas para configurar un auténtico sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura para todas las personas que lo necesiten. Foessa propone, también, nivelar las asimetrías sociales existentes con una irrenunciable política fiscal progresiva que cuantitativamente grave más a quien más tiene, así como la apuesta por la agenda para el desarrollo social en España, que permita la cohesión y la inclusión social.