Al final, con tantas medidas anticorrupción, con tanta promoción de la transparencia, con tantos anuncios de buenas prácticas éticas y deontológicas en el futuro, los políticos van a conseguir disipar la cada vez menor credibilidad que tienen en un país cuyos ciudadanos tampoco es que andemos sobrados de crédito, luego les pongo un ejemplo, porque ya saben que aquí basta con presumir de algo para que automáticamente sepamos de qué se carece. Cada vez se aprueban más leyes rimbombantes y grandilocuentes para que la opinión pública se quede tranquila porque, en el fondo, han conseguido inquietar a muchas personas. Esta semana, el Gobierno de España ha puesto en marcha el Portal de la Transparencia como parte de una ley que aprobó hace un año y que ahora comienza a pasar del papel a la práctica. Aunque hay que aplaudir todo lo que suponga más información para la ciudadanía, basta con leer las reacciones que han llegado desde todos los ámbitos para concluir que no es tan celebrada como el Ejecutivo quiere vender. Me van a permitir, para abundar en esta conclusión, que les emplace a conocer las declaraciones que a lo largo de la semana han realizado los impulsores de esta medida -las dificultades que siempre les han puesto desde la Administración, la displicencia con la que fueron tratados en muchas ocasiones, las muchas negativas que recibieron por respuesta- y que les recuerde que España es el último país de la vieja y muy democrática Europa que ha impulsado la norma, en esta ocasión con un gobierno del PP.

El Ejecutivo regional tampoco se quiere quedar atrás en esta sana carrera por abrir ventanas en aras de la transparencia. La Ley de Buen Gobierno y del Estatuto del Cargo Público de la Comunidad, aprobada ayer, controlará a los altos cargos y a los funcionarios de mayor rango. Otro aplauso para nuestros gobernantes. Ahora bien, ¿de verdad creen que a los políticos, sean de cualquier gobierno nacional, autonómico o del pueblo más pequeño que conozcan, les interesa que controlemos sus movimientos? A nuevas normas, nuevas trampas. Contra las dificultades, perserverancia. Al tiempo. Y cuando de nuevo la ley sea vencida, ¿cuál será la próxima ocurrencia para ganarse la confianza de los ciudadanos? ¿Colocar cámaras, a modo de un Gran Hermano multitudinario, en todos y cada uno de los despachos y coches oficiales para que podamos seguir todas y cada una de las conversaciones que mantengan nuestros políticos?

Termino trayendo el ejemplo a que me refería en el primer párrafo para que seamos conscientes de que no solo de políticos se alimenta este país de pícaros: Un abogado me contó que únicamente hace facturas al 20% de sus defendidos. Del restante 80% no hay factura; no hay IVA; sí hay fraude. «Cuando un cliente me pide un recibo y le digo que son 1.200 euros, la inmensa mayoría rectifica, olvida la factura y me paga 1.000 euros. Si tuviéramos un IVA razonable, pongamos de un 4%, estoy seguro de que Hacienda recaudaría mucho más y todos facturaríamos la mayor parte de nuestros honorarios». Me creo todo lo que me dijo este amigo, excepto este último comentario: «Pregunta, pregunta. Esto lo hacemos la inmensa mayoría de letrados, además de los médicos y otras profesiones liberales». Estoy seguro de que en España, casi nadie hace lo que me aseguró.