Este 2014 cumplo treinta años en el ejercicio de la profesión. Magnífica y gratificante profesión la de abogado. Con sinsabores, por supuesto que sí. Con momentos buenos y también malos, como es de rigor.
Desde hace diecisiete años, soy empleado público. Durante nueve años fui director de los Servicios Sociales municipales y, desde 2002, soy el responsable de sus servicios jurídicos. Durante todos estos años, no ha habido un solo día que no haya estudiado y que no haya aprendido algo. En esta profesión se muere con las botas puestas. Siempre se está en constante estudio y formación.
Desde que estudiaba en la Facultad de Derecho en Murcia y, después, en la vida profesional, aprendí que la vía penal es la última ratio, que la vía contencioso-administrativa es la revisora de la actuación administrativa; que incluso están tildados de nulidad los actos nulos de pleno derecho, porque la ley así lo regula e incluso lo permite. Que la Administración puede revisar sus actos e incluso declararlos lesivos.
Sin embargo, ahora que existe más control económico, ahora que el control jurídico es prácticamente asfixiante, es cuando parece que todo se hace porque hay oscuros intereses o veladas intenciones.
Es triste, pero cualquier actuación administrativa relevante, cualquier actuación de enjundia, acaba en Fiscalía. Esa es ahora la vía habitual.
El control administrativo se hace desde dicho ministerio o desde los juzgados de instrucción. Además, es económico. No paga tasas y hace daño, mucho daño. Conozco tristemente un montón de técnicos asustados, amedrentados por las denuncias que inexorablemente se dirigen contra ellos, ante el envalentonamiento de ciertos ciudadanos y de determinados políticos de la oposición que ven el camino más eficaz para poder meter el dedo en el ojo, con total atrevimiento y sin coto alguno.
Y todo esto aderezado con una buena salsa de prensa. Es triste y lamentable que un funcionario o político tenga conocimiento de que ha sido citado como testigo o como imputado porque por la mañana su esposo o esposa, padres, familiar o amigo lo llaman para decirle que aparece en primera página del periódico o, simplemente, él o ella lo descubre mientras desayuna.
La última ratio del Derecho Penal se ha convertido en la primera. Los juzgados de lo contencioso-administrativo tienen menos asuntos que antes „a las estadísticas me remito„ y de menos relevancia. Por contra, los juzgados de instrucción se colapsan con denuncias que tras complejas y dilatadas diligencias terminan en archivo.
El Estatuto del Ministerio Fiscal del año 1981 se ha quedado totalmente obsoleto. Desfasado para la España actual. Utilizar términos como ´sospechoso´. Que se permita la asistencia de letrado sólo cuando el sospechoso es llamado a declarar. Que se sigan las diligencias sin posibilidad de que el abogado del sospechoso las conozca, se pueda personar o esté presente en las actuaciones no son propios de la época actual.
No quiero ser casuístico y descender a casos palmarios de la actualidad de nuestra sociedad. Aunque uno está en la mente de todos, porque acaba de acontecer, me refiero el caso de Enrique Ujaldon y al funcionario de la Comunidad Autónoma Ángel Iniesta, cinco años imputados, hoy absueltos. Después de haber derramado durante mucho tiempo ríos de tinta, hoy sólo merece la noticia un pequeño recuadro. ¿Qué hubiera sido del citado señor Ujaldón si hubiera tenido que dimitir por ser imputado o del funcionario si hubiera sido separado de su carrera profesional?
Es un ejemplo. Por lo demás, me remito simplemente a las hemerotecas. Me remito a cualquier periódico de ayer, de hoy y de mañana. No, señores, ni todos los funcionarios y políticos son corruptos ni este camino nos lleva a ningún puerto; salvo el del desquicie, el miedo y las ganas de que llegue la edad de jubilación.
Es lamentable, pero se colapsan las asesorías jurídicas municipales por el miedo de los técnicos a informar con total independencia.
Lo tengo claro, después de treinta años de ejercicio profesional no me dejo amedrentar por la amenaza de que ´ojo que vas a Fiscalía´ y cumplo escrupulosamente con mi juramento cuando me inicié en el mundo de la abogacía: acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir fielmente las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado. Y así seguiré.
