El ayuntamiento de Murcia sigue anclado en la democracia representativa de los años 70, cuando deberíamos haber dado un paso más en su profundización y proyectar la democracia participativa, un concepto mucho más amplio, pues no sólo se participa con el voto sino también a través de la decisión y la gestión.

La democracia participativa supone el empoderamiento de la ciudadanía y es ésta la que debe proponer y decidir, los funcionarios asesorar si son viables las actuaciones y los representantes políticos debatir, asumir las decisiones y, por supuesto, poner los medios necesarios para ejecutarlas.

En Izquierda Unida-Verdes creemos que desde la Administración se debe trabajar conjuntamente con la sociedad civil organizada y facilitar así que la gente se asocie, se organice y participe en la gestión municipal. Se deben abrir procesos de intervención directa en las decisiones que se tomen en los Ayuntamientos que vinculen a vecinos y vecinas, a políticos y técnicos, en las intervenciones, en el control y en la gestión de los asuntos del municipio.

Desde IU-Verdes exigimos que nuestro Ayuntamiento se comprometa a favorecer e impulsar el derecho de participación de la ciudadanía, que se comprometa a hacer efectivos los derechos a la información, de petición, de propuesta y de iniciativa de toda la ciudadanía.

Según la Constitución española, tenemos el derecho a participar de manera directa en la gestión de los asuntos públicos, mandato que el PP y el concejal Cristóbal Herrero se saltan a la torera cuando siguen empeñados en aplicar un reglamento obsoleto que considera a los ciudadanos meros espectadores de una obra teatral como los plenos de las juntas municipales. Quiero recordar que dicho reglamento solo deja intervenir a los vecinos una vez haya acabado el pleno, es decir, que ya pueden cantar flamenco si quieren que no tendrá ninguna incidencia en la gestión que proclama nuestra Constitución. Para ser el órgano de participación más próximo entre la institución municipal y los ciudadanos, éstos no quedan muy bien considerados.

Un reglamento desfasado, ya que, por ejemplo, al referirse a las Juntas Municipales establece que tanto su presidente como sus vocales sean nombrados por el alcalde (artículos 43 y 45), y aunque este nombramiento esté revestido de garantías democráticas, a nuestro juicio no lo está en el sentido amplio, ya que no existe una elección directa. Nuestros vecinos y vecinas no nos han elegido directamente, por lo que en las próximas elecciones municipales y autonómicas se debería tener una urna más para elegir a nuestros representantes en las Juntas Municipales y de Distrito.

Los presupuestos municipales son otro ejemplo de escaso criterio democrático, pues vienen impuestos desde la Glorieta. Los presupuestos han de ser participativos para alcanzar la cogestión ciudadana asentada en el principio básico de la democracia directa. Este concepto no entra dentro del vocabulario del PP. El señor Herrero teme crear espacios ciudadanos de debate y decisión porque así terminaría el control de los 54 cortijos que controla.

Reglamentos y actitudes como las de tantos pedáneos del PP, o mejor dicho, los enviados de Cámara, contribuyen a aumentar la desconfianza de los ciudadanos hacia nuestro Ayuntamiento y favorecen el debilitamiento de los derechos de la ciudadanía, y en este punto IU-Verdes propone iniciar la revolución democrática y social.