Partamos de la base de que, en mi opinión, hacer públicas las declaraciones de Hacienda o el patrimonio de los políticos para justificar su inocencia ante la corrupción y denominarlo 'ejercicio de transparencia' es una tomadura de pelo a la ciudadanía. No van a ser tan tontos nuestros políticos como para hacer públicos y declarar a Hacienda los ingresos ilícitos que puedan haber conseguido. ¿Se imaginan al Dioni presentando su declaración de Hacienda para demostrar que no obtuvo ingresos 'extra' el año que robó el furgón blindado y demostrar así su inocencia? En cuanto a la declaración jurada sobre los bienes patrimoniales, permítanme que al menos sonría, porque a mí, a estas alturas, ni aunque me lo juren.
El caso es que nuestros diputados y diputadas regionales han decidido volverse transparentes y hacer público su patrimonio para que cualquier ciudadano/a pueda consultarlo. Como desde que inventaron las secadoras los patios de luces han perdido mucho atractivo (ya no podemos cotillear de la ropa tendida del vecino/a), algunos y algunas ciudadanas, recordando viejos tiempos, nos hemos dado el placer de cotillear sus declaraciones y desde luego, la mayoría de ellas dan pena (o risa, según el estado de ánimo de cada uno).
Si miramos la declaración de nuestro presidente, lo primero que llama la atención son los 83.385 euros que dice cobrar anualmente, entre nómina y gastos de representación. Teniendo en cuenta que no tiene pagas extraordinarias, saldría por unos 6.950 euros mensuales (me llaman el 'bienpagao'), pero al parecer, lo gasta todo y sólo le quedan 122 euros en la única cuenta corriente que tiene. Además, Hacienda se lleva un pellizco del 34,6% del total de lo que ingresa (¿no se desgrava el préstamo hipotecario?). En fin, si él lo dice e incluso lo jura, será verdad.
Lo del valor catastral de sus inmuebles sí que tiene cachondeo. Gracias a la declaración jurada del presidente nos hemos enterado que un piso en la Gran Vía de Murcia cuesta unos 266.600 euros, un chalet en La Torre de la Horadada, unos 213.300 euros (por cierto, ¿no podría dar ejemplo y veranear en alguna localidad de la costa murciana?) y una parcela rústica de una hectárea en Aledo sólo 26,50 euros. Ya sabemos que el valor real no tiene necesariamente por qué coincidir con el catastral, pero entonces, ¿para qué narices nos facilitan esos datos?
Otra cosa que llama poderosamente la atención de este cotilla que suscribe es lo del préstamo hipotecario de don Ramón Luis. Resulta que según nos jura en su declaración, una entidad bancaria (se admiten apuestas sobre su nombre), concedió en 2010 un préstamo hipotecario al presidente por valor de 750.000 euros. Teniendo en cuenta que ese mismo año figura como fecha de adquisición del piso de la Gran Vía, valorado en 266.600 euros, ¿para qué quería el otro medio millón de euros?
Igual le pasó como al resto de ciudadanos/as, que en el banco lo 'camelaron' y le dijeron que pidiera más dinero, con lo que al final, terminó 'viviendo por encima de sus posibilidades', como todos/as. Ahora voy entendiendo lo de los 122 euros en la cuenta corriente. Los intereses del préstamo se comen prácticamente todo lo que ingresa.
Lo que no llego a entender es por qué no ha cambiado de coche, porque todo un presidente de Comunidad no puede ir por la vida conduciendo un miserable Lancia, con más de diez años de antigüedad y pasando la ITV todos los años. Claro que teniendo coche oficial, la cosa puede medio entenderse.
En cuanto al consejero Bernal negándose a hacer público su patrimonio no sabría cómo calificarlo, puesto que, si como dice el presidente, hacer las declaraciones juradas es un 'ejercicio de transparencia' el no hacerlo, ¿deberíamos considerarlo como un 'ejercicio de opacidad'? ¿Se oculta algo que no deberíamos conocer?
El caso es que a Bernal los acuerdos de la Asamblea Regional se la traen al pairo, no acepta órdenes de nadie y ha decidido que no le importa a nadie lo que tiene. Pues vale.
