En el último año, los dos servicios más importantes del país, la educación y la sanidad, han sufrido severos recortes. La situación ha llegado a tal extremo que muchos institutos tienen dificultades para pagar la luz y el agua. Las becas se reducen a la mínima expresión y las partidas presupuestarias para los colegios públicos han descendido en muchos casos cerca de un 40%. Las plantas de los hospitales se cierran, las pruebas médicas se limitan y los jubilados, después de muchos años de sacrificio y trabajo, han visto como sus pensiones eran congeladas.
Algunos ingenuos y otros malintencionados intentan hacernos creer que toda esta situación de recortes que sufrimos es cosa del PP, porque lleva tres meses gobernando, como si ocho años de Gobierno del PSOE no tuviesen nada que ver en el asunto.
Haciendo un seguimiento de la corrupción política, así muy por encima, uno puede observar que desde 2002 distintos miembros de los partidos políticos —especialmente del PSOE y del PP— han sido investigados por cuatrocientos casos de corrupción. No hay Comunidad autonómica ni provincia que se libre. Hay casos como los EREs falsos de Andalucía donde se calcula que el dinero estafado al Estado asciende a 647 millones de euros, o el caso DGA, en Aragón, donde se calcula que el dinero público estafado se acercó a los quinientos millones de euros, o el caso de la trama de la Caja de Castilla- La Mancha, donde el agujero patrimonial se estima en unos 3.000 millones de euros. En los tres casos —solo para aquellos que se autodenominan defensores de los trabajadores— están implicados miembros del PSOE.
Nos hemos acostumbrado tanto a las grandes cifras de los casos de corrupción que solo de oírlas nos aburren y ya no les damos importancia.
Sin embargo, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en España hay cinco millones de escolares de entre 6 y 18 años, esos 4.000 millones robados en estos tres casos de corrupción supondrían una beca de ochocientos euros por cada escolar. Así de simple. Si, asimismo, tenemos en cuenta que una operación de cateterismo puede costar unos 30.000 euros, el robo de 4.000 millones supone 130.000 operaciones menos. Si tenemos en cuenta que en nuestro país hay cerca de nueve millones de pensionistas, esos 4.000 millones suponen 330 euros para cada uno, que bien se lo merecen. Asimismo, teniendo en cuenta que un kilómetro de carretera cuesta doscientos millones de euros, esos 4.000 millones robados suponen unos veinte kilómetros menos. Y así podríamos seguir horas y horas.
Las cifras totales de la corrupción en un país como España plagado de ladrones institucionales podría llegar a resultar sencillamente escalofriante. Y todo ello sucede ante la parsimonia de la sociedad, la permisividad de la Justicia y el beneplácito de políticos, algunos grandes empresarios y muchos banqueros. Por eso, no estaría de más que cualquier desviación en la actuación de los cargos públicos con fines lucrativos propios o ajenos fuese enjuiciada ya de una vez por todas como casos de alta traición al Estado, porque por el dinero que ellos roban pasamos hambre todos los demás.
