Hace una semana que en nuestro país el Gobierno del Partido Popular ha instaurado un nuevo modelo de relaciones laborales en el cual los trabajadores y trabajadoras, su salario, sus condiciones de trabajo, su despido, quedan a expensas de la voluntad unilateral del empresario. Una reforma laboral que rompe el equilibrio en las relaciones laborales, permitiendo que el convenio o acuerdo de empresa tenga condiciones inferiores al convenio colectivo de sector, y que pone a todos los trabajadores en disposición de ser despedidos con indemnizaciones de veinte días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades.
Se profundiza, empeorándola, la anterior reforma laboral, afrontando un ciclo de recesión económica (menor actividad económica y caída de ingresos para la mayoría de las empresas) ampliando las causas para el despido y reduciendo el coste del mismo. No se trata de generar empleo, sino de facilitar que la destrucción de empleo sea más sencilla para el empresario, que ya no tendrá que acreditar que los despidos se realizan con el objetivo de mantener a flote la actividad de la empresa.
Por primera vez en nuestra historia, la reforma tiene efectos negativos con carácter retroactivo, al establecer una limitación en el caso de despidos improcedentes —aquellos que no se justifican por la marcha económica de la empresa— de trabajadores con contrato fijo ordinario a 720 días como máximo, es decir, veinticuatro mensualidades, cuando el anterior tope estaba fijado en 42 mensualidades. Todos los trabajadores fijos dejarán de generar indemnización a partir de 16 años trabajados.
En el caso de los despidos colectivos a través de Expedientes de Regulación de Empleo, la reforma ha optado por facilitar la destrucción de empleo, al permitir que la disminución de ingresos o ventas sea una causa para el despido o la modificación de las condiciones de trabajo, incluyendo el salario, y todo ello sin necesidad de acuerdo con los trabajadores y sin autorización de la autoridad laboral competente.
Se iban a reducir los contratos, pero lo que se hace es enmarañar aún más el sistema con la creación de un contrato ´indefinido´ de apoyo a los emprendedores, en realidad precario y cofinanciado puesto que, con un año de prueba, permite que durante ese tiempo el empresario pueda decidir extinguirlo por su sola voluntad, sin necesidad de alegar causa alguna o respetar ningún plazo de preaviso. Además, el régimen de bonificación aplicable a este tipo de contrato abre la puerta a la discriminación entre los desempleados con prestación y sin ella, ya que los primeros resultarán más ´rentables´ al poder el empresario deducirse fiscalmente el 50% de la prestación que les reste.
La reforma laboral sólo tiene un fin: degradar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, consagrados en la Constitución española y en el Estatuto de los Trabajadores, dando un poder absoluto a los empresarios en la determinación de las condiciones de trabajo. El conjunto de medidas adoptadas se podría resumir en un principio general: en esta empresa se hace lo que diga el empresario. Y a callar.
El contexto económico es desfavorable, pero la reforma laboral va a agravarlo, facilitando el despido y el deterioro del empleo, y pretende dar un golpe mortal a derechos que son expresión de las conquistas alcanzadas durante la democracia, un retroceso inaceptable, una reforma lesiva que requiere una respuesta masiva y unánime de la ciudadanía.
A los representantes de CEOE se les escapa la risa, se concita el aplauso de Angela Merkel y de la Unión Europea, pero los trabajadores y trabajadoras, los 5.300.000 parados de nuestro país, los jóvenes que tienen una tasa de paro del 50%, apretamos los dientes de rabia y de injusticia. «Es por el bien de España, son las reformas necesarias», nos dicen, pero olvidan que este país, el 99% de este país, son personas que ven recortados sus derechos laborales y sufriendo retrocesos en los sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia, el acceso a la vivienda, y el derecho más básico de todos: el derecho al trabajo.
No podemos aceptar este atropello. Mañana, domingo 19 de febrero, estaremos en las calles, en todo el país, para expresar un rechazo masivo a este retroceso injustificado e injustificable de nuestros derechos. Seguiremos movilizándonos e informando, empresa por empresa, para explicar que hay otras alternativas que no pasan por el desmantelamiento del Estado social, que hay otra forma de enfrentar la crisis que no genere más pobreza y desigualdad.
Como escribiera Antonio Machado,
Está el hoy abierto al mañana.
Mañana, al infinito.
Hombres de España:
ni el pasado ha muerto
ni está el mañana,
ni el ayer escrito.
A partir de este domingo comenzaremos a escribir un nuevo mañana, a cambiar el guión que los mercados nos han escrito.
