Mucho, mucho, mucho. Sin paliativos. Hay cuatro años para ejecutar, pero una sociedad indignada, aburrida, agotada física y económicamente debería saber qué cuestiones va a tratar de resolver el Gobierno actual. Ha prometido resolver la indignación popular por el caso Marta del Castillo, ha prometido legislar en la reforma laboral y del sistema financiero. Pero ¿qué hay de la cárcel para el despilfarro público, para el incumplimiento de los presupuestos, para los ejecutivos incumplidores y abusones? ¿qué hay de la reforma de la ley electoral, la desaparición de los privilegios para políticos y ejecutivos públicos o de las amenazas sin sanciones a los Gobiernos regionales que incumplen? ¿Se clarificará y agilizará la actitud de funcionarios merecedores de exigirles responsabilidad patrimonial? Los fiscales deberían ser independientes y tener la obligación de pedir investigación policial de todo presunto delito del que puedan tener conocimiento por cualquier medio.

En educación, sanidad, inmigración, etc. las reformas deben alcanzar a todo y a todos, pero la sociedad se merece que se le infunda confianza y esperanza de que casi todo puede tener solución.

¿Y nuestro Gobierno regional? Si el reciente acuerdo de empresarios, sindicatos y Gobierno servirá, según el presidente Valcárcel, para luchar contra el paro sería conveniente explicar por qué se anula la bajada de 375 euros de la nómina de 22.000 docentes y qué contrapartidas se han obtenido para la estabilidad presupuestaria y la lucha contra el déficit.

El paro tiene otras vertientes por las que hay que seguir trabajando para que se resuelvan: reforma laboral, incentivos a la creación de empresas y, sobre todo, para el mantenimiento de empleo es necesario que el crédito fluya hacia las empresas con futuro.

Una última consideración: no caer en el error de muchos gobernantes prometiendo y no cumpliendo. Estudien, cavilen, propongan soluciones y cambios y cumplan sus propuestas.

Así nos irá bien a todos.