El espacio Editorial de La Opinión del pasado 22 de enero publicaba su valoración acerca de las circunstancias sociopolíticas que se perciben en tiempos de crisis económica, preguntándose por la actitud que los principales agentes protagonistas —y, de manera especial, los empresarios—, mantienen, aunque con acusación precisa a los de la Región. Se dice que están entretenidos por la disputa de un puesto en el Consejo de Administración del Puerto de Cartagena. En mi condición de presidente de CROEM me veo en la obligación y en la necesidad de explicar, tanto institucional como personalmente, el desacuerdo con el criterio expresado en la referida línea Editorial.

La realidad es la que sigue, aunque, desde luego, respetando toda discrepancia con la misma:

1. Comparto el hecho de que los empresarios no hayamos dado, acaso, la mejor de las imágenes con motivo de la designación de miembros del Consejo de Administración del Puerto de Cartagena. Pero puedo afirmar que desde el principio, y sobre todo desde el acuerdo de la junta directiva de CROEM del día 30 de noviembre pasado, la confederación que me honro presidir no ha realizado declaración alguna, ni tampoco por mi parte, no obstante la presión a la que me sometieron. No es tema, pues, que ocupe nuestra atención de forma más importante que la preocupación que nos procura los efectos de la crisis, ni los síntomas de crispación social que se están dando. Los propios profesionales del periódico requirieron declaraciones que no hice por puro sentido de la prudencia y de la responsabilidad.

De otra parte, el antecedente de CEOE que se cita nada tiene que ver con la situación que se analiza en la Región de Murcia. Aquella duró mas de la cuenta y de manera incomprensible, pero no impidió que se actuara, en cuanto a denuncias y planteamientos, de manera honesta porque las decisiones se adoptaron por los órganos de gobierno colectivos.

2. A los empresarios no puede ocuparnos otra cuestión que la de superar los problemas que la crisis está generando, y de ello han dado diferentes testimonios que pueden acreditarse. Lo del Puerto de Cartagena no es más que un incidente que encontrará la solución en su momento procedente. Pero lo actual consiste en una actitud reivindicativa de medidas y reformas suficientemente elocuentes para evitar la factura empresarial que se ha pagado. También la de colaborar con las distintas Administraciones públicas y propiciar un gran pacto general que suscite confianza y seguridad. Esto además del quehacer de cada día en defensa de los intereses generales del sector y de la Región, tanto por esta confederación como por las distintas organizaciones sectoriales (Construcción, Metal, Industria Alimentaria, Agricultura, etc.).

Los empresarios estamos respondiendo, asumiendo nuestra cuota de responsabilidad y diciendo a la opinión pública, a la sociedad, el valor del esfuerzo colectivo. De aquí que no haya podido resistirme a defender la dignidad de las organizaciones empresariales y de todos y cada uno de los empresarios.

El silencio no me era permitido ante una estimación del papel empresarial que no me parece justa.