n la valoración realizada por Comisiones Obreras de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del año 2010, estimábamos en diciembre de 2009 que difícilmente se podría cumplir la previsión de déficit del 2,5% y que, tratando de forma consolidada el conjunto de presupuestos de la administración autonómica y de las empresas y organismos públicos dependientes de ella, el déficit estimado se situaría a finales de 2010 en el 3,5%.
Se dibujaban en aquellos presupuestos, a juicio de CC OO, un panorama excesivamente optimista, donde a pesar de reconocer el Gobierno regional un incremento del desempleo y una ralentización del consumo, tanto de familias como de las empresas, se situaban elementos positivos de crecimiento de la recaudación, muy alejados de la evolución natural que, con una previsión de decrecimiento de la producción regional, cabía esperar en la realidad.
Por ello, desde principios de 2010 alertamos al Gobierno regional sobre la necesidad de acometer medidas concretas, negociadas y transparentes, que limitaran el crecimiento del gasto corriente, que redujeran gastos no justificados en una situación de crisis, y que analizase la posibilidad de incorporar una estrategia de generación de nuevos ingresos, desde una perspectiva de progresividad fiscal y equilibrio en la aportación de ingresos, entre las rentas del capital y las rentas del trabajo.
Frente a ello, la respuesta del Gobierno, expresada por el presidente regional en el Debate del Estado de la Región el 15 de junio de 2010, era que «el Gobierno regional no va a subir impuestos a los ciudadanos», una justificación que asentó la parálisis del Ejecutivo regional para acometer un serio plan de control de gasto y generación de ingresos en nuestra Comunidad. Se siguió, con la mala guía de gestión de los Presupuestos 2010, actuando en la dirección prefijada sin atender a las señales de alarma que empiezan a surgir, como la enorme deuda a proveedores que atesoraba el Servicio Murciano de Salud.
Decía el presidente en aquel debate, hace apenas seis meses, que «la Administración autonómica de Murcia es la más eficiente de España, es la que menos cuesta a sus ciudadanos,… Nuestra meta sencillamente es mantener esta posición». Y criticaba, en referencia a las medidas de austeridad del Gobierno de España, «los desmesurados recortes de Zapatero en políticas sociales, con los que ha endosado la factura de su ineficacia a pensionistas y funcionarios».
¿Tanto ha cambiado nuestra región en seis meses? Sinceramente, creo que no. La mayor variación ha sido que el Gobierno regional se ha empeñado en la consecución de un Presupuesto más imaginario que real, y que ha desatendido la necesidad de poner en marcha medidas que limitaran el crecimiento del gasto por encima de los ingresos que realmente se esperaban tener. Ahora las cuentas no salen, no salen bien, y el Gobierno ha decidido, con el único apoyo del Partido Popular, quién debe pagar la factura: los trabajadores y trabajadoras de la Administración, y los ciudadanos que contribuyen y serán receptores de unos servicios públicos de menor calidad y atención.
Hay otras opciones, hay otras políticas que se pueden poner en marcha para hacer frente a esta situación. «Gobernar implica tomar decisiones y asumir riesgos», pero es exigible que las decisiones sean justas y equilibradas, y que los riesgos no cercenen la esperanza de los ciudadanos de salir de la crisis económica. Las decisiones tomadas por el Gobierno son injustas y desproporcionadas, pues castigan a un colectivo de trabajadores al servicio de las administraciones públicas que ya había visto reducido sus salarios, nada menos que el 5%, precisamente para contribuir al control del déficit, y que pese a todo ahora ven que ese esfuerzo ha sido en balde.
No asume ningún riesgo el Gobierno regional, acude a un recorte directo, aparentemente más sencillo para él, de salarios y condiciones de trabajo, y sitúa el control del déficit público por encima de los derechos constitucionales y sociales. El riesgo implica valentía, innovación, nuevas estrategias, pero el Gobierno regional renuncia a la búsqueda de un gran pacto político y social, con el concurso de partidos de la oposición y agentes sociales, para hacer frente a esta situación.
La Ley de Medidas Extraordinarias, impuesta en lectura única, sin trámite de enmiendas parlamentarias, y sin capacidad de control previo a través del Consejo Económico y Social, deslegitima la propia capacidad del Gobierno regional para emprender procesos de diálogo y concertación social y política, puesto que a la imposición se une la vulneración de acuerdos, unos fruto de la Ley, otros por la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2011, que deja fuertemente tocados importantes estrategias consensuadas en los últimos años.
El Gobierno regional debe rectificar, debe asumir riesgos, sí, pero riesgos para afrontar un esfuerzo colectivo, equilibrado y justo en la salida a la crisis. Si el único riesgo que valora el Gobierno es el riesgo electoral, flaco favor se hace a los ciudadanos de una región que padece el 24% de desempleo y un porcentaje mucho mayor de desaliento.
