TRAZA VÍNCULOS CON VOX

El PSOE denuncia ante la Fiscalía el apaleamiento del muñeco de Sánchez: "Es incitación al magnicidio"

En la denuncia se identifica a los organizadores e impulsores de la protesta, así como a los presentadores del evento, y su "nexo común" con el partido de Santiago Abascal

Considera que se pone en riesgo “la seguridad e integridad personal y la de los que representan al PSOE o se identifican con la ideología socialista"

El PSOE denuncia en la Fiscalía la Nochevieja en Ferraz por delito de odio y señala a Vox

PI STUDIO

Iván Gil / Juan Ruiz Sierra

El PSOE ha presentado esta mañana denuncia ante la Fiscalía por la protesta de Nochevieja ante su sede en la que se apaleó a un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El texto se fundamenta en que estos hechos no pueden estar amparados por la libertad de expresión y, por tanto, deben ser objeto de reproche penal porque “es obvio que exceden de la crítica política para dar lugar a colocar al PSOE, y particular, al Pedro Sánchez, en el objeto de la diana de una exaltación de conductas con tintes violentos, de odio, de hostilidad, y discriminación que estamos viviendo en estos momentos, que incitan a actitudes no legítimas”. "El discurso generador de odio y discriminación no tiene amparo ni cobertura en los derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad ideológica o de conciencia", concluye.

La denuncia explicita que se incita a actitudes “como es un ‘magnicidio’ o un ‘linchamiento’”. Esto pondría en riesgo, según sostienen, “la seguridad e integridad personal y la de los que representan al PSOE o se identifican con la ideología socialista con una clara actitud amenazante a todos ellos”. Son varios los tipos penales que se exponen en el texto de la denuncia más allá del delito de odio. Estos son los de amenazas, injurias o “provocación como incitación a la violencia contra el Presidente del Gobierno y el colectivo que representa al PSOE”.

Se explicita, por otra parte, el agravante “de discriminación ideológica”. “De la gravedad de la metáfora se ha pasado a la gravedad de simulación de los hechos. Se ha pasado de la amenaza de la palabra a la amenaza con los hechos”, denuncian. En esta línea, se llama la atención de que la publicidad de las protestas retransmitidas a través de redes sociales y replicadas por medios de comunicación podrían "incitar a los seguidores de la ideología ultra de los convocantes a llevar a cabo acciones violentas contra los militantes y simpatizantes socialistas, como se visiona en las imágenes aportadas". Esta misma semana, un miembro de la ejecutiva del PSOE presentó una denuncia ante la Guardia Civil por destrozos en su vehículo y amenazas "reiteradas".

El texto de la denuncia se detiene en los argumentos a la hora de justificar un delito de odio, puesto que la jurisprudencia lo delimita en los casos en que se dirige contra colectivos vulnerables. Para ello, defienden que se dirige contra el supuesto de "pensamientos ideológicos y políticos", en este caso, el socialismo. "La conducta denunciada es el claro ejemplo de esta motivación discriminadora, porque junto a lo que pudiera estar amparado en la crítica más o menos severa, agria o incluso desagradable, por una gestión o una actuación política, tiene un nexo de unión, el ataque por el ataque por la pertenencia de los afectados a un grupo, que en este caso es aquel que defiende las ideas socialistas y la gestión de los gobiernos socialista", sostienen.

Financiación de Vox

El PSOE identifica en su denuncia a los autores, organizadores e impulsores de la protesta donde se produjo el apaleamiento al muñeco de Sánchez, incluidos los presentadores del evento en un programa retransmitido a través de las redes sociales, y traza sus vínculos con Vox. "Todas estas acciones que desembocaron en los hechos del 31 de diciembre, coordinadas, organizadas en el tiempo, y constantes, conforme a los indicios descritos parecen tener un nexo en común a través de la formación política VOX" mediante organizaciones vinculadas al partido liderado por Santiago Abascal.

Financiación de Vox

El escrito, que profundiza en tejer los vínculos de Vox con las organizaciones y personas convocantes o participantes, pide investigar dichas conexiones "para la determinación de posibles responsabilidades penales en tales hechos" de la formación de ultraderecha. A ello añaden una posible financiación irregular del partido. "En último término, considerando la obtención de fondos económicos para llevar a cabo sus acciones, podría dar lugar a la consideración de que a través de estas estructuras paralelas se podría estar financiando su acción política de manera irregular, mediante donaciones y aportaciones opacas o de personas jurídicas prohibidas, en contra la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos", se apunta.

Dudas legales

La denuncia ha suscitado desde su anuncio dudas jurídicas en el propio PSOE, que hace tres años defendió una reforma del Código Penal para que no se castiguen las conductas relacionadas con la libertad de expresión, y entre los especialistas. En contra de la posición tradicional de los magistrados españoles, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó en 2018 que la quema de fotos del Rey, un comportamiento similar al de los manifestantes ante la sede de Ferraz en la pasada Nochevieja, no constituía delito, algo que recordó el miércoles la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, para mostrarse en contra de la denuncia de sus socios en la coalición. “Odiar no es delito. No soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos”, dijo la también ministra de Trabajo en RNE.

Pero el PSOE, en su denuncia, intenta trazar una frontera entre la libertad de expresión y lo ocurrido en Fin de año. “Lo que es objeto de castigo no es la expresión o los hechos en sí representativos de unas ideas, por execrables que sean, sino que estos se hagan de modo y en circunstancias que supongan una provocación al odio, la discriminación o la violencia, infringiendo los valores constitucionales de la dignidad humana y de la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social contenidos en los arts. 10 y 14 de la Constitución española”, argumenta la denuncia.