La 'trampa' de las franquicias: Competencia analiza la fijación de precios de Pomodoro tras la victoria judicial de Restalia

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) analiza desde principios de este año la denuncia presentada por cuatro franquiciados de establecimientos Pomodoro, una cadena de restaurantes donde sirven pizza, pasta y burritos a un precio fijo -desde 2012 se ofrecía 'tutto a 3,90' euros, aunque a partir del pasado mayo algunos platos sobrepasan esta barrera-.

La fijación de estos precios low cost y la obligatoriedad de comprar el producto a los proveedores del grupo que ofrece la franquicia, actualmente gestionada por Comess Group, llevan a una situación económica asfixiante, según los denunciantes, que consideran que el sistema incumple las normas de la sana competencia comercial y se acerca mucho a lo consideran una "trampa" o directamente una estafa.

La forma de trabajar de este tipo de restaurantes de precio fijo no es la primera vez que es denunciada, aunque en los tribunales la estrategia fracasó recientemente en el caso de Cien Montaditos y su promotora Restalia. El juzgado de instrucción número 2 de Madrid archivó en enero una denuncia presentada por un grupo de franquiciados contra 29 sociedades vinculadas al grupo, propietario de 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger. Acusaban a la matriz de presuntos delitos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.

Con respecto a Pomodoro, el órganismo regulador mantiene abierta una información reservada desde finales del pasado mes de febrero, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Ello no significa que se haya incoado aún expediente a la empresa, pero sí da cuenta de la existencia de una investigación previa para determinar si en este caso se está cometiendo una infracción que vulnere las reglas de competencia.

Según el testimonio de los denunciantes, responsables de establecimientos en Málaga, Huelva y Madrid, más de una treintena de establecimientos de la cadena han tenido que cerrar por la imposibilidad de mantener el tutto 3.90 en los platos desde hace diez años y la obligatoriedad de comprar la materia prima indicada por la empresa, que siempre sale ganando porque se beneficia de los denominados rappels, los descuentos que los proveedores ofrecen a cambio de comprar una cierta cantidad de un producto.

Prácticas restrictivas

Con su acción ante la CNMC, y conscientes de la dificultad de que su denuncia prospere ante la justicia, estos pequeños empresarios buscan que se multe a la entidad Pomodoro Franquicia S.L. y a los actuales administradores de la entidad desde diciembre de 2020 como "responsables directos del diseño y de la puesta en marcha de las prácticas restrictivas de la competencia tal como establece la Ley de Defensa de la competencia". 

Les acusan de crear un sistema que incumple el artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto "impedir, restringir o falsear el juego de la competencia". También de vulnerar la ley nacional de defensa de la competencia y de "pretender excusar su actuación con excepciones no aplicables a su negocio".

Según los afectados, muchos franquiciados son personas que se quedaron sin trabajo con 50 años, tras la crisis de 2008, o pequeños emprendedores sin experiencia alguna en hostelería que pusieron su patrimonio en este modelo de restaurantes y que se encuentran ahora en una situación límite. O tienen que cerrar, perdiendo todo lo invertido y sus expectativas de futuro, o seguir aguantando abiertos en unas condiciones insoportables.

Diez años con precios fijos

Estos restaurantes sirven toda la carta menú al mismo precio de 3,90 euros (desde mayo, y después de conocer la intervención de la CNMC, la nueva carta contiene platos que llegan a 7.90 euros) . El modelo de negocio se basa en mucho volumen a bajo precio, con márgenes muy estrechos, y por tanto, muy sensibles a las oscilaciones de los costes. A juicio de los denunciantes, esta situación debería obligar a un seguimiento exhaustivo por parte de la franquiciadora que permitirera flexibilizar al máximo y adaptarse a las condiciones del mercado, lo que no ocurre en ningún caso ya que los precios de carta se han mantenido fijos durante 10 años. Lo que no se ha mantenido estable son los precios de los productos, de las bebidas, ni la luz, ni el sueldo de los trabajadores.

Apuntan en su denuncia que los creadores del diseño de negocio de Pomodoro imponen además unas normas generales de abastecimiento de productos y realizan una gestión directa del personal de los restaurantes, sin tener en cuenta las distintas circunstancias de mercado y su idiosincrasia, su localización, etc.

Proveedores obligatorios

En cuanto a los proveedores, se les debe comprar obligatoriamente, ya que lo contrario se considera falta grave. Se encuentran vinculados a la franquicia a través de unos contratos marco de los que obtienen una serie de rappeles de venta que nunca son conocidos ni transferidos a los que llevan el día a día los restaurantes. Además de la comida, los responsables de los establecimientos deben adquirir material impreso, vajillas, y otros productos como fueron las máquinas de ozono en pandemia, o de control sanitario a través de asistencias de servicios de bromatología específicos con suscripción mensual.

Los productos son genéricos y en muchos casos más baratos en establecimientos mayoristas sin necesidad de alcanzar ninguna cantidad. Los denunciantes han aportado documentación que vendría a demostrar que la importancia del negocio radica precisamente en el tema de los proveedores, según se deduce de los propios depósitos de cuentas de la franquiciadora. 

Petición de información

En fuentes de Comess se señala a este diario que el órgano regulador no ha incoado por el momento ningún expediente a la empresa y que trabajan con la certeza de que repetan la legalidad vigente, si bien tienen conocimiento de que la CNMC ha pedido información a varias franquicias y su actitud es la de la mayor colaboración. Añaden que jamás han fijado un precio mínimo para sus franquiciados. "Lo que hacemos es dar precios recomendados y ahí el franquiciador tiene un margen, también cuando hacemos un cambio de carta o promoción", aseguran desde la empresa.

En cuanto a la modificación de precios el pasado mayo, los denunciantes recuerdan que se incurre en la misma regla contraria a la competencia. "Cada franquiciado puede vender a cualquier precio siempre y cuando sea inferior al máximo establecido por el franquiciador. Es por tanto muy llamativa la modificación de la carta de la franquiciadora Pomodoro que permite cambiar los precios a los franquiciados siempre que sean más bajos y no más altos, aunque se pierda la uniformidad de la red", insisten en un segundo escrito ante la CNMC

"La oscuridad, la falta de transparencia y la falta de comunicación hace que no exista ningún negocio en red, sólo existen operadores individuales que invierten en la implantación de un restaurante", añaden. En declaraciones a este diario, una de las denunciantes se expresa sobre este punto de forma más gráfica, pues la empresa madre no sería más que "un piso con un par de personas frente a un ordenador, ganando dinero a espuertas con recetas muy conocidas y básicas, y unos productores seleccionados". 

"Si ellos ganan mucho nosotros perdemos mucho. Es solo el juego de quién se queda con el margen", concluye esta afectada.

Restalia en la Audiencia Nacional

En el caso de Restalia, las denuncias de los más de 50 franquiciados cayeron en saco roto al archivarse la causa en el juzgado de instrucción de Madrid el pasado enero, si bien este mismo mes el caso ha dado un vuelco. Tras presentar un recurso los afectados, la Audiencia Provincial ha enviado directamente el caso al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por una cuestión de territorialidad, ya que como argumentaban los demandantes los juzgados ordinarios de Madrid no tenían competencia para investigar los hechos, ya que los presuntos delitos se habrían producido en varias provincias de España.

En la denuncia inicial, presentada por el despacho de abogados de Rafael Franco, a la que luego se unió el Despacho Cremades & Calvo Sotelo, se señalaba que Restalia ocultó "de manera deliberada” a los franquiciados la existencia de acuerdos con proveedores que provocaban “que la franquicia resultase inviable". En su escrito, presentaron numerosas pruebas, como una conversación de un franquiciado con el trabajador de la empresa proveedora de cerveza que reconocía que se retornaba a Restalia un 50% de los que obtenían de los franquiciados.

Otra de las pruebas había una conversación grabada a una ex directora general de Restalia que admitía a un franquiciado del grupo que les engañaban al cobrarles por cambiar las cartas del establecimiento cada cierto tiempo cuando apenas modificaban nada. “Os lo tragáis todo”, se le escuchaba decir al cargo directivo en una conversación de diciembre de 2020 adelantada por este periódico.

Finalmente, sin embargo, el juzgado de instrucción número 2 de Madrid archivó la causa sin llamar a declarar a ninguno de los denunciados al no encontrar indicio de delito alguno.