Puigdemont vuelve a intentar apartar a Llarena de la instrucción del 'procés'

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemonty los 'exconselleres' que huyeron con él y que ahora también son eurodiputados,Toni Comín y Clara Ponsatí, han vuelto a intentar apartar del juez Pablo Llarena de la instrucción de la causa del 'procés' que les aguarda en el Tribunal Supremo por si un día están a disposición de la justicia española. Lo han hecho al recurrir el auto del instructor que rechazaba el quinto incidente presentado en su contra, en esta ocasión por haberse pronunciado sobre la amnistía en una charla universitaria.

En su último recurso, la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, recrimina al magistrado haberse pronunciado sobre la ley que se negocia para lograr el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, porque no le corresponde como magistrado "ejercer de comentarista político" sobre personas a las que ha procesado por desobediencia y malversación en su modalidad más grave y que están declaradas en rebeldía.

Paralizar su aplicación

Llarena rechazó el incidente de recusación al entenderlo "manifiestamente infundado" y considerar que la voluntad que esconde en realidad es retrasar una eventual nueva euroorden contra Puigdemont y Comín. También señalaba que no sería a él a quien correspondería plantear una hipotética cuestión de inconstitucionalidad contra una eventual ley de amnistía, al tratarse de un sumario (y no de un procedimiento abreviado) y ser la Sala de lo Penal a la que corresponde tomar la decisión sobre el cierre de los procedimientos.

Según Boye, Llarena es "manifiestamente incompetente" para resolver él mismo una recusación en su contra y que debe ser tramitada, no rechazada de plano como hizo el magistrado. Sostiene que las manifestaciones del juez no sólo son "un posicionamiento político público del recusado que sería suficiente para su recusación, por pérdida de la necesaria apariencia de imparcialidad", sino que superan "la mera crítica política" y "denotan una animadversión personal hacia los recusantes".

El recurso argumenta que Llarena "es consciente de que, en el supuesto caso de que se promulgase una amnistía, y que la misma afectase a los procesados en el presente procedimiento, él sería el primero que tendría que aplicarla y, en su caso, si lo considera oportuno, plantear una cuestión de inconstitucionalidad", por lo que sus palabras en la charla universitaria son suficientes cuando menos para levantar sospechas de imparcialidad, según los cánones europeos. Fuentes del alto tribunal señalan a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, que eso sería así en un procedimeinto abreviado, pero no en un sumario, donde la decisión definitiva sobre el procedimiento solo corresponde a la Sala de lo Penal, no al instructor, por lo que solo ella puede plantear la cuestión ante el Constitucional.

"No hay mayor falta de imparcialidad que no querer asumir la falta de competencia para un determinado asunto", concluye la impugnación, en la que también se vuelve a uno de los argumentos que ha mantenido la defensa desde el inicio del procedimiento: que el Supremo no es el tribunal competente para investigar lo ocurrido en el otoño de 2017 en Cataloña. También recuerda los motivos por los que ha intentado apartar en el pasado a Llarena de la instrucción de la causa que espera a los procesados declarados en rebeldía.