Puigdemont retrasa su petición cautelar para recuperar la inmunidad y así ralentizar euroórdenes

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha cambiado su estrategia judicial y ha decidido no solicitar todavía al Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) la recuperación cautelar de la inmunidad, mientras resuelve el fondo de los recursos que interpuso a última hora de la tarde del pasado viernes, apurando al minuto el plazo máximo que tenía para poder hacerlo. Según ha informado el propio tribunal, las medidas cautelares se pueden pedir hasta que sean resueltas las impugnaciones. La defensa del 'expresident' ha señalado a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, que lo hará cuando el TJUE asigne un número de procedimiento a los recursos.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena resolvió la petición fiscal para reactivar las euroórdenes contra Puigdemont y el 'exconseller' que le acompañó en la huida y también es eurodiputado, Toni Comín, en una resolución en la que indicaba que esperaría a que el TJUE decidiera si le devolvía la inmunidad parlamentaria de forma cautelar. Por ello, la decisión de Puigdemont de retrasar el planteamiento de las cautelares, que podía haber incluido en el propio recurso, supone que el tribunal también demorará su resolución.

En cualquier caso, la previsión inicial del alto tribunal, consistente en que el TJUE tardaría aproximadamente un mes en pronunciarse sobre las cautelares, fue ampliada después de que la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz se reuniera con Puigdemont en Bruselas y se esté en conversaciones para promulgar una ley de amnistía, lo que puede convertir en papel mojado el procedimiento que le aguarda en España por su responsabilidad en el 'procés'.

Contra la Eurocámara

Puigdemont acudió el viernes -último día que tenía para hacerlo- al Tribunal de Justicia de la UE para tratar de anular las sentencias del Tribunal General (TGUE) que rechazaron sendas demandas que presentó contra el Parlamento Europeo en relación con su inmunidad, levantada al concederse el suplicatorio cursado por el juez Llarena por la causa que se sigue en su contra y Comín y la también eurodiputada Clara Ponsatí, por su responsabilidad en el 1-O.

Una de las demandas se dirigía contra la respuesta que le dio el fallecido presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, en la que hacía notar que no habían adquirido la condición de diputados europeos al no haber acudido al Congreso español a acatar la Constitución, situación que cambió a raíz de la sentencia del propio TJUE que reconoció al presidente de ERC, Oriol Junqueras, el derecho a tomar posesión de su escaño nada más resultar electo.

La segunda demanda pretendía anular la autorización concedida por la Eurocámara al Supremo para continuar el procedimiento contra ellos; todos habían sido procesados mucho antes de que adquirieran la condición de diputados europeos. Tras la reforma penal pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, Puigdemont y Comín están procesados por desobediencia y malversación de capitales en su modalidad más grave, mientras que Ponsatí solo lo está por desobediencia, lo que le ha permitido volver a España sin riesgo a ser detenida y tener la certeza de que no se cursará una euroorden en su contra.

El 'exconseller' de Cultura Lluís Puig no es eurodiputado, por lo que su situación judicial es independiente del futuro de los recursos interpuestos por Puigdemont y Comín ante el TJUE. La fiscalía pidió la semana pasada al juez Llarena que reactive una euroorden en su contra para tratar de que sea puesto a disposición de la justicia española.